(Barcelona, España, 3 de noviembre. EFE)- El Gobierno de la región de Cataluña (noreste)pidió hoy al Tribunal Constitucional (TC) español que no suspenda la consulta informal de tipo soberanista convocada para el domingo 9 de noviembre, en contra de lo reclamado el viernes pasado por el Ejecutivo central.
El TC admitió a trámite hace varias semanas un recurso del Gobierno español contra la pretensión de las autoridades nacionalistas catalanas de convocar para esa fecha una consulta destinada a que los ciudadanos de esa región se pronunciaran sobre la eventual soberanía del territorio.
La admisión a trámite tuvo como efecto jurídico dejar en suspenso la iniciativa.
La respuesta del Gobierno catalán fue entonces volver a convocar una consulta, informal y sin censo previo, para lo cual se ampara en que lo que se hace el 9N es un proceso de participación ciudadana, aunque manteniendo las mismas preguntas de tipo soberanista de la primera iniciativa.
El Consejo de Ministros español impugnó el viernes esa nueva acción y hoy las autoridades catalanas presentaron a su vez ante el TC una demanda para que permita que los ciudadanos que lo deseen puedan expresarse ante las urnas el domingo próximo.
Según el Gabinete catalán, que preside el nacionalista Artur Mas, el Gobierno de Mariano Rajoy “considera de forma errónea que es la continuidad del referendo suspendido” previamente.
Así lo explicó el portavoz catalán Francesc Homs, quien subrayó que sus acciones judiciales el Ejecutivo español incurre en “abuso de poder” y cuestiona las competencias de la región en materia de participación ciudadana.
El TC se reúne a partir de mañana para estudiar la impugnación presentada por Madrid y la demanda catalana.
La admisión a trámite por el TC Rde la iniciativa del Gobierno español supondría la suspensión del 9N, aunque el portavoz Homs se mostró convencido de que los ciudadanos podrán expresarse: “Esto se puede hacer y se hará”.
Según explicó el viernes pasado la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, tras la reunión semanal del Gabinete, la impugnación de la consulta pretende “asegurar el Estado de Derecho y proteger la democracia”.
En concreto, Santamaría afirmó que uno de los motivos es “evitar el fraude” a los ciudadanos, al tratarse de una consulta que percibe como contraria a la Constitucional así como “proteger” a los funcionarios encargados de su preparación, porque cometerían una ilegalidad y podrían ser perseguidos por la Justicia.
