Nota de prensa).- A solicitud del Ministerio Público, fue ordenado el desmantelamiento de nueve campamentos turísticos que operaban ilegalmenteen el Parque Nacional Canaima, estado Bolívar, con el fin de evitar la contaminación de ese espacio natural.
Dicho petitorio fue efectuado por las fiscales 88° nacional y 3° de la referida jurisdicción, con competencia en materia de Defensa Integral del Ambiente y Delito Ambiental, Luz Mayela Hernández y Jeslib Basanta, respectivamente, quienes fundamentaron su solicitud de acuerdo con lo establecido en el artículo 8 de la Ley Penal del Ambiente, en concordancia con el Decreto N° 276 del Reglamento Parcial de la Ley Orgánica para la Ordenación del Territorio sobre Administración en Manejo de Parques Nacionales y Monumentos Naturales.
El objeto de dichas medidas precautelativas es evitar la ocupación ilícita de áreas protegidas, contaminación del río Churún por descargas de aguas servidas,disposición indebida de desechos sólidos, manejo inadecuado de sustancias peligrosas y degradación del suelo, topografía y el paisaje, así como la deforestación.
En ese sentido, el Tribunal 4° de Control de Puerto Ordaz acordó el desmantelamiento de los nueve campamentos, así como la prohibición de levantar construcciones ilegales dentro del mismo parque, debido a la fragilidad del ecosistema y el paisaje.
Adicionalmente, la referida instancia judicial decretó 60 días continuos para la ejecución de dichas medidas por parte del Destacamento N° 82 de la Guardia Nacional Bolivariana y del Instituto Nacional de Parques (Inparques), con el acompañamiento de los ministerios del Poder Popular para el Turismo; Ecosocialismo, Hábitat y Vivienda; además de los propietarios de dichas infraestructuras.
Los campamentos son: Bernal Tiuna Tours, Hermanos Giménez, Kaicarwa Tours, Kavac, Parakaupa, Tapuy, Tiuna Tours y Wey Tepuy (todos ubicados en la Isla Ratón); así como el Snack Bar Morichal (situado en Laguna Canaima).
Conviene destacar que tales acciones responden a investigaciones llevadas a cabo por el Ministerio Público, con base en análisis efectuados a los informes técnicos presentados por Inparques sobre las zonas afectadas.
