Un informe sobre la salud mental de la infancia revela que uno de cada cinco niños y adolescentes chilenos presentan algún problema de salud mental acompañado de discapacidad, cifras que, según dijeron expertos en este ámbito ponen en riesgo la posibilidad de desarrollo del país.
"Éstas son unas cifras extremadamente críticas que ponen en juego el desarrollo de este país", aseguró la especialista en Salud Pública Elisa Ansoleaga, coautora del estudio "Derecho a la salud mental: La infancia olvidada".
El documento, incluido en el Informe anual sobre Derechos Humanos en Chile 2014 de la Universidad Diego Portales, muestra las carencias del Gobierno chileno en el tratamiento de la salud mental juvenil y desvela cifras sobre el estado actual de la cuestión.
Según las investigaciones de Elisa Ansoleaga y la abogada especializada en derechos de la infancia Ester Valenzuela, redactoras del estudio, un 38 % de los niños y adolescentes de entre 11 y 18 años del país austral presentan algún problema psiquiátrico.
Unos resultados que, según Ansoleaga, están directamente relacionados con condiciones tanto macroeconómicas como inmediatas, como por ejemplo el barrio, la vivienda o la educación que reciben los niños.
"Los niños de familias ricas están expuestos a menos riesgos y, en consecuencia, tienen menos posibilidades de padecer algún problema de salud mental", explicó Ansoleaga.
"Éstas son unas cifras extremadamente críticas que ponen en juego el desarrollo de este país", aseguró la especialista en Salud Pública Elisa Ansoleaga, coautora del estudio "Derecho a la salud mental: La infancia olvidada".
El documento, incluido en el Informe anual sobre Derechos Humanos en Chile 2014 de la Universidad Diego Portales, muestra las carencias del Gobierno chileno en el tratamiento de la salud mental juvenil y desvela cifras sobre el estado actual de la cuestión.
Según las investigaciones de Elisa Ansoleaga y la abogada especializada en derechos de la infancia Ester Valenzuela, redactoras del estudio, un 38 % de los niños y adolescentes de entre 11 y 18 años del país austral presentan algún problema psiquiátrico.
Unos resultados que, según Ansoleaga, están directamente relacionados con condiciones tanto macroeconómicas como inmediatas, como por ejemplo el barrio, la vivienda o la educación que reciben los niños.
"Los niños de familias ricas están expuestos a menos riesgos y, en consecuencia, tienen menos posibilidades de padecer algún problema de salud mental", explicó Ansoleaga.
INEQUIDADES TERRITORIALES
Las dimensiones socioeconómicas desfavorables actúan como desencadenante de peores condiciones sanitarias, mas el estudio revela que otro de los factores concluyentes es la posibilidad de acceder a sistemas de protección de salud.
"Hay que revisar las inequidades territoriales en temas de infraestructura y disponibilidad de especialistas, con el objetivo de permitir el real ejercicio del derecho a la salud mental de todos los ciudadanos", afirmó Ansoleaga, al aseverar que Santiago dispone del doble de camas de corta estadía que el resto del país.
El estudio también pone acento en las alarmantes cifras de la ciudad de Calama, en el norte de Chile, donde un 37 % de los jóvenes entre 11 y 18 años presentan depresión infantil y un 18 % ha cometido uno o más intentos de suicidio.
"A pesar de contar con un elevado Producto Interior Bruto (PIB), las condiciones de vida en Calama son muy duras y habitualmente los niños pasan muchas horas solos, por lo que compensan esa ausencia con otras cosas", comentó Ansoleaga.
La cifras no son sólo alarmantes en Calama, pues el estudio constata que en el periodo 2000-2010 la tasa de suicidio juvenil en el conjunto del país se duplicó, pasando de 4 a 8 por 100.000 habitantes.
Ello sitúa a Chile, junto a Corea, entre los países de la OCDE con las tasas más altas de suicidios.
Con el objetivo de revertir la actual situación, el estudio recomienda una mayor inversión de recursos para la prevención, promoción y atención en salud mental infanto-juvenil.
"Hoy sólo un 2,1 % del presupuesto de sanidad se dedica a salud mental, cuando en otros países desarrollados se gasta un 10 % del presupuesto", denunció la especialista quien recomendó que se aumentara el presupuesto hasta al menos un 5 %.
Asimismo, el informe destaca la necesidad de crear una ley de protección integral de derechos de la infancia que incorpore una normativa de salud mental de niños, niñas y adolescentes.
La mejora de la información es otra de las recomendaciones de la publicación, que recalca la necesidad de disminuir el estigma asociado a la salud mental e informar a la población respecto a la disponibilidad de la oferta pública en este ámbito.
Por lo que atañe al suicidio, el informe insta al Gobierno a promover una especialidad en suicidología, hoy inexistente, y crear una oficina permanente que estudie y trabaje para revertir la situación.
La especialista advierte que de no tomar estas medidas "se pone en riesgo el desarrollo del país puesto que, aunque los niños no voten ni salgan a las calles a marchar, representan el futuro" de la sociedad.
EFE
"Hay que revisar las inequidades territoriales en temas de infraestructura y disponibilidad de especialistas, con el objetivo de permitir el real ejercicio del derecho a la salud mental de todos los ciudadanos", afirmó Ansoleaga, al aseverar que Santiago dispone del doble de camas de corta estadía que el resto del país.
El estudio también pone acento en las alarmantes cifras de la ciudad de Calama, en el norte de Chile, donde un 37 % de los jóvenes entre 11 y 18 años presentan depresión infantil y un 18 % ha cometido uno o más intentos de suicidio.
"A pesar de contar con un elevado Producto Interior Bruto (PIB), las condiciones de vida en Calama son muy duras y habitualmente los niños pasan muchas horas solos, por lo que compensan esa ausencia con otras cosas", comentó Ansoleaga.
La cifras no son sólo alarmantes en Calama, pues el estudio constata que en el periodo 2000-2010 la tasa de suicidio juvenil en el conjunto del país se duplicó, pasando de 4 a 8 por 100.000 habitantes.
Ello sitúa a Chile, junto a Corea, entre los países de la OCDE con las tasas más altas de suicidios.
Con el objetivo de revertir la actual situación, el estudio recomienda una mayor inversión de recursos para la prevención, promoción y atención en salud mental infanto-juvenil.
"Hoy sólo un 2,1 % del presupuesto de sanidad se dedica a salud mental, cuando en otros países desarrollados se gasta un 10 % del presupuesto", denunció la especialista quien recomendó que se aumentara el presupuesto hasta al menos un 5 %.
Asimismo, el informe destaca la necesidad de crear una ley de protección integral de derechos de la infancia que incorpore una normativa de salud mental de niños, niñas y adolescentes.
La mejora de la información es otra de las recomendaciones de la publicación, que recalca la necesidad de disminuir el estigma asociado a la salud mental e informar a la población respecto a la disponibilidad de la oferta pública en este ámbito.
Por lo que atañe al suicidio, el informe insta al Gobierno a promover una especialidad en suicidología, hoy inexistente, y crear una oficina permanente que estudie y trabaje para revertir la situación.
La especialista advierte que de no tomar estas medidas "se pone en riesgo el desarrollo del país puesto que, aunque los niños no voten ni salgan a las calles a marchar, representan el futuro" de la sociedad.
EFE
