Un tribunal egipcio confirmó este sábado la pena de muerte para el líder de los Hermanos Musulmanes, Mohamed Badie, y otras 13 personas, dos de ellas fuera del país, acusadas de haber querido desestabilizar el país y planificar ataques.
Badie ya había sido condenado a muerte en otro proceso por actos violentos, y cuatro veces a cadena perpetua en otras tantas causas.
Dentro del mismo caso, otras 34 personas fueron condenadas este sábado a cadena perpetua, entre ellas Gehad Hadad, exportavoz de los Hermanos Musulmanes, y un egipcio-estadounidense, Mohamed Soltan, detenido desde agosto de 2013 y actualmente en huelga de hambre. Su padre, Salah Soltan, se encuentra entre los condenados a muerte.
Dentro del total de 48 acusados, 13 fueron condenados en ausencia, de los cuales dos a la pena capital y 11 a cadena perpetua.
Los condenados, que aún pueden recurrir el veredicto ante el Tribunal de Casación, están acusados de haber establecido un “centro de operaciones” para “preparar ataques contra el Estado” en el momento en el que los partidarios de Mursi organizaron una inmensa sentada en El Cairo en la plaza Rabaa al Adhaweya.
Esta concentración fue dispersada violentamente el 14 de agosto de 2013 y más de 700 manifestantes islamistas murieron en la operación de las fuerzas del orden, “una de las mayores matanzas de manifestantes en un solo día en la historia reciente”, según la organización de derechos humanos Human Rights Watch (HRW).
El juez Mohamed Nagui Shehata, que ya ha condenado a muerte a decenas de islamistas,recitó un versículo del Corán que estipula que los criminales deben ser amputados y crucificados, antes de pronunciar su veredicto.
La portavoz del Departamento de Estado, Marie Herf, pidió la liberación del padre del principal encausado, Salah Soltan, por “motivos humanitarios” y declaró que Estados Unidos estaba “profundamente decepcionado” por las sentencias.
Las sentencias fueron dadas a conocer después de someter las condenas a muerte al muftí de la República. La opinión de esta autoridad religiosa debe ser solicitada para las penas capitales, si bien no es vinculante.
Desde que el presidente Mohamed Mursi, de los Hermanos Musulmanes, fuera derrocado por el ejército en julio de 2013, sus partidarios se han convertido en el blanco de una sangrienta represión policial.
En los meses que siguieron a su caída, centenares de manifestantes islamistas murieron a manos de las autoridades, sumando unos 1.400 desde el golpe del 3 de julio, y al menos 15.000 pro Mursi fueron detenidos.
La ONU ha criticado los centenares de condenas a muerte dictaminadas en juicios sumarísimos.
El Tribunal de Casación anuló recientemente decenas de condenas a muerte y solo se ha ejecutado a un islamista desde la condena de Mursi por el asesinato de un joven durante las manifestaciones de julio de 2013.
El gobierno acusa a los Hermanos Musulmanes, declarados como organización “terrorista”, de los numerosos atentados cometidos en el Sinaí y otros puntos del país por grupos yihadistas.
Estos dicen actuar en represalia por la sangrienta represión contra los partidarios del expresidente islamista.
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