La Asamblea Nacional (AN) emitirá un acuerdo en rechazo a la llamada Ley española de Seguridad Ciudadana, identificada por la ciudadanía como Ley Mordaza, por considerar que viola los derechos del pueblo español a manifestar pacíficamente y a expresar sus opiniones contra las medidas neoliberales del gobierno de Mariano Rajoy.
La segunda vicepresidenta de la AN, Tania Díaz, ofreció la información y refirió que este acuerdo en repudio al texto legal es impulsado por la Comisión del Poder Popular y de Medios del Parlamento, y será presentado en plenaria la próxima semana.
“La Comisión del Poder Popular y de Medios de la Asamblea Nacional impulsa un acuerdo en rechazo contundente a esta Ley de Seguridad Ciudadana, porque consideramos no sólo viola los derechos a manifestar pacíficamente y a expresar opiniones, sino que viola el principio universal de libertad y el derecho a la información y contraviene las normas internacionales, incluso normativas previstas en las Naciones Unidas“, manifestó, al ser entrevistada en Unión Radio.
Díaz desestimó que esta acción represente una injerencia y sostuvo que se trata de una política de solidaridad y una alerta a la colectividad sobre las medidas que está tomando el Gobierno español contra su pueblo.
“Vamos a hacer un pronunciamiento político, una alerta a la colectividad, sobre todo a los movimientos sociales organizados en Venezuela para que se produzca un movimiento ciudadano que se manifieste en contra de lo que no pueden hacer hoy los ciudadanos españoles, porque los tienen censurados completamente con la aplicación de esta ley”, dijo.
La diputada socialista mencionó que el artículo 35 de la Ley Mordaza estipula como una infracción muy grave las reuniones o manifestaciones públicas, que acarrean multas de entre 30.000 y 600.000 euros.
La legislación, además, considera una infracción cualquier manifestación que se realice frente a las sedes del Congreso, el Senado y los parlamentos autonómicos, aunque los representantes públicos no estén reunidos en ese momento, reseña el portal web de El País.
También impide fotografiar o grabar a policías durante manifestaciones. El diario El País reseña que las fotografías y grabaciones “han permitido en varias ocasiones captar abusos policiales y servir como prueba para la condena de los agentes” y por ello la ley lo sanciona.
La ley plantea asimismo multas que van desde 100 a 600.000 euros a aquellos que infrinjan sus mandatos, considerados por la ciudadanía como un retroceso en las libertades públicas.
“Por eso es que nosotros pensamos que no solamente vamos a presentar un acuerdo en consideración la próxima semana sino que vamos a hacer una especie de batida informativa a través de las escuelas de comunicación social, de los movimientos sociales para que se levanten los pueblos en protesta a eso que consideramos es un ejemplo para el resto de las sociedades democráticas del mundo”, añadió.
