(Santiago de Chile).- La vocera del Comité de Víctimas de la Guarimba, Yendry Velásquez, tuvo un encuentro este lunes con el Ministro de Relaciones Exteriores de la República de Chile, Heraldo Muñoz, con quien sostuvo su preocupación ante el “Proyecto de Ley de Amnistía y Reconciliación Nacional”.
La ley de Amnistía y Reconciliación Nacional fue aprobada en primera discusión por la Asamblea Nacional el pasado 16 de febrero. Velásquez expuso en nombre de la organización, que esta ley impediría jurídicamente que se determine la responsabilidad.
En este sentido, expresó que los responsables de las 43 personas fallecidas, y más de 800 lesionados en el año 2014, deben ser debidamente sancionadas por las autoridades correspondientes.
Asimismo, Yendry recordó que entre los años 1999 y 2016, en Venezuela han ocurrido episodios reiterados de violencia, que han dejado como resultado decenas de muertos y cientos de personas lesionadas.
De igual manera, indicó que este proyecto de ley busca beneficiar a los responsablesde estos graves acontecimientos y otorgar amnistía para más de 50 delitos cometidos desde 1999 hasta la entrada en vigencia de la ley, incluyendo violación a derechos humanos, terrorismo, corrupción, narcotráfico, entre otros.
Aunado a esto, la vocera del Comité solicitó al canciller de Chile sumarse a la lucha de las víctimas, con el propósito de evitar que se apruebe una Ley de Amnistía que promueva la impunidad de estas graves violaciones de derechos humanos, lo cual va en contra del ordenamiento jurídico nacional e internacional en esta materia.
De igual manera, Velásquez ratificó que actualmente los grupos políticos que participaron en los hechos del año 2014 en Venezuela, son mayoría en la Asamblea Nacional y pretenden aprobar una Ley de Amnistía para perdonar todos los hechos que ellos mismos desarrollaron.
“Se trata de un autoperdón que vulnera el derecho a la justicia de las víctimas. Queremos justicia, queremos que los responsables paguen por la muerte de nuestros familiares”, enfatizó.
Finalmente, reiteró que los derechos a la manifestación pacífica, a la reunión y a la libertad de expresión no pueden convertirse en una excusa para justificar actos que constituyen verdaderos delitos.
