Con un déficit público proyectado en 1,6 billones de dólares para cuando cierren los balances, en septiembre, y una deuda que asfixia, cercana a los 14,3 billones, el gobierno de Estados Unidos metió mano a decenas de recetas para que los números salgan del rojo. Entre ellas, la más destacada es la puesta en venta de unos 14.000 edificios públicos que están en desuso pero generan altos gastos de mantenimiento.
En este momento, el gobierno posee o gestiona más de 900.000 edificios u otros bienes inmuebles y, por lo tanto, es el mayor propietario de bienes raíces de todo el país. En la lista hay oficinas, juzgados, almacenes, despachos, tierras, oficinas de servicios, correos y cárceles, entre otros. Pero de esa enorme cifra, cerca de 14.000 ya no son necesarios y sus costos siguen siendo altos para un gobierno que tiene que ajustar dramáticamente los gastos.
En junio del año pasado el presidente Barack Obama ordenó a las agencias ejecutivas “acelerar los esfuerzos” para disponer de los edificios que no sean necesarios, y establecer una meta de ahorro de 3.000 millones de dólares hacia finales de 2012 . Los inmuebles están marcados en un mapa interactivo que dio a conocer la Casa Blanca en su página web.
Con la reducción inmobiliaria que acaba de plantear la administración de Obama se conseguirían ahorros por valor de 15.000 millones de dólares en los próximos cinco años. Del total de edificios públicos prescindibles, Washington puso en primera línea a 7.000 para que salgan a la venta de inmediato, por el alto valor de mantenimiento que tienen. Y si en un plazo intermedio no les encuentran comprador, acabarían siendo cerrados o demolidos hasta que alguien quiera poner el dinero.
Pero a pesar de la firme decisión de la Casa Blanca, se presentan varios obstáculos que hacen que la venta de esos edificios no sea tan fácil. Primero, debe cumplirse un trámite por el cual los inmuebles sean ofrecidos a las otras agencias federales, estatales y locales. Y recién después de que sean rechazadas, se podrán poner en venta. Los funcionarios también deben determinar si el edificio tiene un uso de la comunidad –como por ejemplo, varias oficinas que fueron usadas como refugios para indigentes– o si realmente está inutilizado.
Para acelerar el proceso, el gobierno de Obama quiere crear una comisión parlamentaria similar a la de Realineamiento y Cierre (conocida como BRAC) que se formó en 1988 para examinar la clausura de antiguas bases militares. Tendría la potestad de cortar gran parte de la burocracia existente, establecer nuevos procedimientos y elaborar recomendaciones para la venta de bienes en cantidad y no que cada uno pase por un interminable proceso de verificación que dure años.
El proyecto de la comisión cuenta con apoyo de la oposición, según Jeff Denham, presidente de la subcomisión de la Cámara de Representantes en los edificios públicos y diputado republicano por California. “El objetivo a corto plazo es vender tantos edificios como sea posible para generar un flujo de efectivo inmediato para ayudar en la crisis de la deuda”, explicó.
Algunos expertos en bienes raíces se preguntan si es tan necesaria la existencia de una revisión parlamentaria y si así se van a acelerar las ventas. “Siempre que el gobierno se enfrenta a un problema, lo primero que hace es nombrar una comisión”, dijo Nicholas R. Smith, vicepresidente ejecutivo de First Potomac Realty Trust, una empresa que cotiza en bolsa y que le alquila unos 250.000 metros cuadrados al gobierno. Smith sostiene que el proceso para la venta de propiedad federal debe ser “menos complejo para que se pueda llevar adelante”.
Un ejemplo que muestra cómo los retrasos perjudican la recaudación es el caso de Akridge, una empresa de proyectos de Washington, que durante seis años ofreció comprar un edificio de oficinas de 10 pisos en Bethesda, Maryland, vacante desde que el Instituto Nacionales de Salud se había trasladado de allí en 2002.
Pero por esa burocracia, el gobierno federal no puso el edificio en venta hasta noviembre de 2009. Para entonces, el mercado inmobiliario se había desplomado. Akridge y su socio, Rockwood Capital, un fondo de inversión inmobiliaria, finalmente compraron el edificio en octubre del año pasado pagando 12,5 millones, bastante inferior a los 14 millones del precio inicial.
The NEW YORK TIMES
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