Aunque reconoció que el endeudamiento público no es, en sí mismo, criticable; la Mesa de Unidad Democrática condenó que un gobierno que ha recibido extraordinarios ingresos petroleros desde 2003, recurra, a mediados de 2011, a una extensión de su tope de endeudamiento.
La información la revelaron en un comunicado, en el que aseguran que este nuevo endeudamiento, además de ser ilegal y violatorio de la Constitución, duplica la deuda de todos los venezolanos y no garantiza que los problemas sean resueltos: “Prueba de ello son los 12 años transcurridos y la argumentación dada por el Ejecutivo, que es necesario un nuevo endeudamiento para resolver problemas que ya deberían estar resueltos, como el de la vivienda y el empleo”.
Para la coalición de partidos democráticos, el Gobierno muestra su voracidad e irresponsabilidad en el manejo de los recursos públicos, “violando los principios de honestidad, participación, celeridad, eficacia, eficiencia, transparencia, rendición de cuentas y responsabilidad en el ejercicio de la función pública, establecidos en el artículo 141 de la Constitución”.
En el documento, explican que, al fijar en el presupuesto el precio del barril de petróleo en 40 dólares y luego aprobar una Ley de Contribución Especial por Precios Extraordinarios y Exorbitantes del Petróleo, el gobierno central no sólo se apropia de los recursos que les corresponden a los gobiernos regionales por mandato constitucional, sino que obtiene ingresos extraordinarios “que gastará sin ningún tipo de control”.
Acotaron que en diciembre del año pasado, la Asamblea Nacional saliente aprobó la Ley de Presupuesto de 2011, que estipula endeudar al Estado por 53 millardos de bolívares. Por si fuera poco, condenaron que se haya ordenado al BCV reducir el encaje legal para financiar programas públicos; que el Ejecutivo haya emitido bonos, junto con Pdvsa; que haya suscrito contratos bilaterales, y creado fondos, como el Fondo Chino; también que el Seniat haya superado su meta de recaudación; que el gobierno recibiera ingresos excedentarios por el petróleo, subestimado en 40 dólares por barril, siendo su precio actual 97 dólares por barril; que recibirá aproximadamente 20 millardos de bolívares por la aprobación de la Ley de Ganancia Súbita; y que ahora aspire a un nuevo endeudamiento por 45.000 millones de bolívares para financiar la Misión Vivienda, la Misión Trabajo, atender las emergencias causadas por las lluvias y refinanciar parte de la deuda pública.
Recordaron que, por mandato constitucional, el Gobierno debió crear un Fondo de Estabilización Macroeconómica y un Fondo de Ahorro Intergeneracional: “El primero debía contar con recursos para atender calamidades públicas, pero el Gobierno ha gastado ese dinero en otros asuntos. Al crear el Fonden, el Gobierno se obligaba a mantener fondos para calamidades públicas; sin embargo, uno de los argumentos para solicitar un nuevo endeudamiento es la emergencia causada por las lluvias”.
Además, informaron que el gasto que el Gobierno ha realizado desde 2003 ha sido el principal detonante de la inflación y la debilidad cambiaria en Venezuela. Aseguraron que los controles “no pueden impedir el progresivo deterioro de las cuentas públicas y privadas, aunque las reconozcan con ajustes bruscos”; y que, en este contexto, “las medidas de sostenibilidad de la deuda que presenta el Gobierno son frágiles, amenazadas por mega devaluaciones como las ocurridas en los últimos años”.
