Con 51 votos a favor, 6 en contra y una abstención, la Cámara de Diputados de Chile dio su aprobación al Proyecto de Acuerdo 384, que manifiesta "profunda preocupación" por las acciones llevadas a cabo por el Sebin en contra de Alejandro Peña Esclusa, "que son atentatorias de los derechos humanos, reconocidos por la comunidad internacional".
Los parlamentarios chilenos exigen que "se ponga fin a este cautiverio al margen de la legalidad" y aseguran que Peña Esclusa es víctima de una persecución política, debido a que "lleva 17 años denunciando los vínculos de Chávez con las FARC; dirige una plataforma de 200 ONGs latinomericanas (UnoAmérica); y que en septiembre de 2009 denunció por escrito ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que era víctima de una persecución política".
La resolución explica que "días previos a la detención, Peña Esclusa fue intervenido quirúrgicamente para extirpar un cáncer a la próstata que le había sido diagnosticado. Como consecuencia de su detención dejó de recibir el tratamiento postoperatorio que se le había indicado, lo que ha llevado a que actualmente su estado de salud haya empeorado debido al avance de la enfermedad".
Según informó un cable de UPI (2), los parlamentarios chilenos pidieron al canciller Alfredo Moreno que informe sobre esta situación al Presidente Sebastián Piñera, "a fin de solicitar al gobierno de la República Bolivariana de Venezuela, se adopten las medidas necesarias que permitan que se restablezcan sus derechos fundamentales, se trate su enfermedad en condiciones adecuadas y prosiga su juicio en libertad, con pleno resguardo a su integridad personal" .
Este es el tercer parlamento latinoamericano que exige la libertad de Peña Esclusa. En mayo lo hicieron 37 diputados y senadores bolivianos. La semana pasada lo hizo de manera unánime el Congreso del Paraguay. Por su parte, el Senado del Uruguay está estudiando el caso Peña Esclusa, a petición del ex presidente Luis Alberto Lacalle.
Unión de Organizaciones Democráticas
