(dpa) – El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, aseguró hoy que nunca ordenará ataques contra la población civil, al pronunciarse sobre una polémica en torno a su advertencia de que serán destruidas las casas usadas por la guerrilla de las Farc para cometer atentados.
Santos hizo el anuncio a propósito de una ofensiva lanzada el pasado fin de semana por las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc) en el municipio de Toribío (suroeste), donde la explosión de varios cilindros de gas y de un coche bomba dejó cuatro muertos y más de 80 heridos.
Según el mandatario, las Farc lanzaron varios de los explosivos desde casas próximas a una estación policial que quedó destruida.
El anuncio fue rechazado de inmediato por comunidades indígenas asentadas en el departamento de Cauca, donde queda Toribío, que hicieron énfasis en que es difícil para la población civil impedir que a sus casas ingresen a la fuerza hombres armados para ejecutar ataques.
En una carta que dirigió al diario “El Tiempo” de Bogotá, el gobernante se declaró “sorprendido” de que en medio de la polémica que generó su declaración se afirmara que la eventual destrucción de las casas obedezca a una “retaliación” contra la población civil en los lugares donde operan las Farc.
“Es desafortunado que mis palabras hayan dado lugar a esas interpretaciones, sin duda no fui suficientemente claro. Mi intención era todo lo contrario de lo que ustedes sugieren”, dijo Santos al referirse a un reciente editorial de ese periódico.
“Como ministro de Defensa y hoy como presidente he prestado especial atención a la promoción de los derechos humanos y del DIH (Derecho Internacional Humanitario). Jamás se me ocurriría entonces ordenar una medida que fuera en contra de la protección de la población civil, lo que ha sido y es nuestro principal objetivo”, afirmó Santos.
“Pero no podemos desconocer que la fuerza pública enfrenta un problema complejo, en la medida en que las Farc se camuflan cada vez más en bienes civiles y los utilizan para atacar a la fuerza pública, como lo vimos en el Cauca. Así no sólo violan el principio de distinción, la base del DIH, sino que ponen en grave riesgo a la misma población civil”, añadió.
Santos expresó que “ninguna decisión es fácil en ese contexto”, pero que la fuerza pública podrá lanzar una operación militar contra los inmuebles desde donde es atacada cuando no se ponga en riesgo a la población civil.
“En la medida en que la fuerza pública ostenta el monopolio del uso de la fuerza, está obligada a garantizar, incluso haciendo uso de la fuerza cuando ésta sea necesaria, las condiciones de seguridad que permiten el imperio de la ley y el libre ejercicio de los derechos y libertades por parte de los ciudadanos”, enfatizó el jefe de Estado.
El ministro de Defensa, Rodrigo Rivera, ha afirmado que la destrucción de las casas usadas para cometer ataques solamente se realizará mediante una orden judicial.
