Los accionistas e inversionistas minoritarios de Econoinvest Casa de Bolsa C.A. introdujeron una denuncia ante la Contraloría General de la República donde solicitan la apertura de una investigación por irregularidades incurridas en diversos actos de administración y disposición realizados por la junta interventora en perjuicio del patrimonio de la empresa.
Los denunciantes sostienen que la Junta Interventora ha incurrido en numerosos actos que se han desviado del propósito que se le encomendó, el cual consistía en preservar los activos de la empresa, cancelar sus pasivos y rendir cuentas del proceso de liquidación.
Entre los hechos que solicita investigar se cuentan: la contratación innecesaria e indebida de nuevos empleados que, en su mayoría, son familiares de los interventores; el deterioro y desaparición del mobiliario de las instalaciones de la empresa; la manipulación del orden de prelación del pago de las acreencias, el cual terminó favoreciendo a ciertos clientes corporativos en detrimento de los pequeños inversionistas y las contrataciones recurrentes por servicios externos de asesores, abogados, auditores y contadores.
Aquí destaca la publicación de un listado de ahorristas en un diario de circulación nacional cuyas tarifas por página fueron facturadas al doble de su precio de mercado.
Tales irregularidades se enmarcan en el incumplimiento, por parte de los interventores, de la obligación de presentar un balance mensual de la situación financiera de Econoinvest; también, hasta la fecha, persiste la inobservancia del artículo 52 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República, que establece que “quienes administren (…) están obligados a establecer un sistema de control interno y a rendir cuenta de las operaciones y resultados de su gestión…”.
En cuanto al destino de los títulos en custodia, los cuales constituían la garantía que respaldaba las obligaciones contraídas con los clientes poseedores de bonos en bolívares, los denunciantes aspiran a que la investigación determine por qué dichos valores no están disponibles como corresponde y como estaba previsto antes de la intervención en las cuentas que, respectivamente, se abrieron para cada cliente en la Caja Venezolana de Valores (CVV).
En el caso de los bonos denominados en dólares, la denuncia exige que se investigue la pretensión de pagarlos en bolívares, a pesar de que en los convenios cambiarios vigentes “se establece que la colocación inicial (de estos valores) se realizará en bolívares y su pago por el emisor será en dólares”, lo cual hacía al inversionista acreedor para negociar estos valores en USD en el mercado internacional.
Los denunciantes afirman que esta irregularidad también estaría ocurriendo con el dinero en tránsito, ya que no existe disposición alguna en los convenios cambiarios, que justifique su pago en una moneda distinta de la pactada originalmente, debido a que es un activo disponible en caja y no sujeto a pago forzoso en bolívares, como pretenden los interventores y liquidadores.
La más seria de las acusaciones la constituye la venta de la cartera de bonos TICC de Econoinvest al banco del tesoro en los días previos a la previsible devaluación, operación ésta con la que se produjo una pérdida de 102 millones de bolívares fuertes a la casa de bolsa, que se tradujo en un daño, en primer lugar, a los clientes que confiaron a la firma sus ahorros, y luego, a los accionistas de la empresa a quienes se les escamoteó su derecho sobre los excedentes.
En el documento se hace énfasis en el hecho de que, para el momento de la intervención, Econoinvest estaba en capacidad de honrar todas sus acreencias inmediatamente y con holgada capacidad de pago. Los firmantes consideran que la injustificada venta de estos títulos valores generó un beneficio súbito en el comprador y, como contrapartida, un perjuicio indebido en el patrimonio de Econoinvest, de sus clientes y de sus accionistas.
