AVN .- El proyecto de Ley de Arrendamiento Inmobiliario establece un equilibrio económico y de beneficio habitacional tanto para el propietario como para la familia inquilina, sin perjuicio de ninguna de las partes como se intenta hacer creer a través de una campaña mediática en sectores privados.
La consideración corresponde a Elizabeth Santos, integrante de la Red Metropolitana de Inquilinos, quien este lunes participó en el programa Toda Venezuela, que transmite Venezolana de Televisión (VTV).
Santos destacó que el planteamiento del instrumento legal es protección y accesibilidad a una vivienda digna. Incluso, destacó, establece acuerdos de contratos por un lapso de tres años de arrendamiento.
“Esto garantiza accesibilidad de vivienda a las familias que años anteriores tenían que mudarse de casa cada año, lo que generaba problemas psicológicos, sobre todo cuando había niños”, expresó.
En ese sentido, consideró que “solamente regulando el mercado de la vivienda la gente puede acceder a ella”.
La vocera del movimiento de inquilinos rechazó la matriz de opinión que se intenta crear contra el proyecto de ley de arrendamiento y contra los decretos contra desalojos arbitrarios que se han logrado mediante lucha popular.
“Venezuela es el único país del mundo donde tenemos este instrumento de defensa. Debemos defenderlo para así cambiar ese modelo capitalista de debilidad individual, en una fortaleza colectiva que nos permita logros como estos”, puntualizó Santos.
Ratificó que el proyecto de ley tiene como propósito definir la vivienda como un derecho y no como la mercancía que durante gobiernos anteriores se aplicó, “que es causa hoy día de tantas tragedias que ha sufrido el pueblo, porque nunca tuvo acceso a una vivienda digna y tuvo que construir ranchos”.
El pasado jueves, la Comisión de Administración y Servicios de la Asamblea Nacional (AN) continuó la discusión del proyecto de Ley para la Regularización y Control de los Arrendamientos de Viviendas, en reunión extraordinaria. En esa oportunidad, la discusión comenzó con el artículo 112, referido a las causas para demandar el desalojo.
“Este instrumento legal fue el primero presentado por iniciativa popular ante el Poder Legislativo”, en marzo pasado, y ya ha sido aprobado gran parte del articulado en las sesiones de la Comisión.
