La organización Human Rights Watch pidió este lunes al Gobierno Nacional que adopte "inmediatamente medidas concretas" para cumplir con la orden de protección dictada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos a favor del defensor de derechos humanos y director de la ONG Obervatorio Venezolano de Prisiones, Humberto Prado, quien ha recibido varias amenazas telefónicas.
Las amenazas se dieron luego de que funcionarios de alto nivel y medios de comunicación oficiales acusaran a Prado de “desestabilizar el sistema penitenciario”, después de que varios reclusos y oficiales perdieran la vida y resultaran heridos durante enfrentamientos entre internos y con miembros de la Guardia Nacional en El Rodeo I y II.
Según la nota de Human Rights Watch, el día que Prado regresó a Venezuela recibió un correo electrónico anónimo con una imagen fotográfica de un supuesto escrito de la oficina de la Fiscalía General diciendo que habían abierto una investigación sobre Prado por su supuesta participación en hechos que constituirían “traición a la patria” e “instigación a delinquir”.
“La hostilidad directa por parte de funcionarios de alto nivel contra defensores de derechos humanos es absolutamente inaceptable”, afirmó José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch. “En lugar de cuestionar el trabajo de las organizaciones de la sociedad civil, el gobierno debería asegurar que los defensores puedan trabajar sin temor a sufrir represalias”.
En noviembre de 2009, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ordenó a Venezuela que brindara protección a Prado, dado que este, según la Corte, se encontraba en una situación de “grave riesgo para su vida e integridad”. El gobierno no ha adoptado ninguna medida para protegerlo.
El 18 de junio de 2011, después de que Prado exigió al gobierno que interviniera para resolver pacíficamente el motín en las cárceles de El Rodeo, el Ministro de Justicia Tarek El Aissami acusó a Prado en La Hojilla – un programa de opinión que se transmite por un canal de televisión oficial – de “desestabilizar el sistema penitenciario” y de haber sido “cómplice de las masacres [de internos] que hubo en el pasado”.
Según versiones de la prensa, el 22 de junio el Vicepresidente Elías Jaua afirmó que existía una estrategia ideada por líderes de la oposición, canales de televisión privados y representantes de organizaciones no gubernamentales para “desestabilizar el país”.
Tras estas declaraciones, Prado fue amenazado en reiteradas oportunidades. En una carta pública, representantes de organizaciones no gubernamentales locales señalaron que en un blog se habían publicado los datos de contacto de Prado, incluido su número de teléfono y su domicilio particular, y una nota que decía: “Próximamente datos familiares […] para que el pueblo lo juzgue. Pena Capital”.
Prado recibió varias llamadas telefónicas instándolo a “que se callara” si quería a sus hijos. La esposa de Prado recibió una llamada anónima en la cual le dijeron que Prado sería “el próximo en caer”.
Las amenazas se dieron luego de que funcionarios de alto nivel y medios de comunicación oficiales acusaran a Prado de “desestabilizar el sistema penitenciario”, después de que varios reclusos y oficiales perdieran la vida y resultaran heridos durante enfrentamientos entre internos y con miembros de la Guardia Nacional en El Rodeo I y II.
Según la nota de Human Rights Watch, el día que Prado regresó a Venezuela recibió un correo electrónico anónimo con una imagen fotográfica de un supuesto escrito de la oficina de la Fiscalía General diciendo que habían abierto una investigación sobre Prado por su supuesta participación en hechos que constituirían “traición a la patria” e “instigación a delinquir”.
“La hostilidad directa por parte de funcionarios de alto nivel contra defensores de derechos humanos es absolutamente inaceptable”, afirmó José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch. “En lugar de cuestionar el trabajo de las organizaciones de la sociedad civil, el gobierno debería asegurar que los defensores puedan trabajar sin temor a sufrir represalias”.
En noviembre de 2009, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ordenó a Venezuela que brindara protección a Prado, dado que este, según la Corte, se encontraba en una situación de “grave riesgo para su vida e integridad”. El gobierno no ha adoptado ninguna medida para protegerlo.
El 18 de junio de 2011, después de que Prado exigió al gobierno que interviniera para resolver pacíficamente el motín en las cárceles de El Rodeo, el Ministro de Justicia Tarek El Aissami acusó a Prado en La Hojilla – un programa de opinión que se transmite por un canal de televisión oficial – de “desestabilizar el sistema penitenciario” y de haber sido “cómplice de las masacres [de internos] que hubo en el pasado”.
Según versiones de la prensa, el 22 de junio el Vicepresidente Elías Jaua afirmó que existía una estrategia ideada por líderes de la oposición, canales de televisión privados y representantes de organizaciones no gubernamentales para “desestabilizar el país”.
Tras estas declaraciones, Prado fue amenazado en reiteradas oportunidades. En una carta pública, representantes de organizaciones no gubernamentales locales señalaron que en un blog se habían publicado los datos de contacto de Prado, incluido su número de teléfono y su domicilio particular, y una nota que decía: “Próximamente datos familiares […] para que el pueblo lo juzgue. Pena Capital”.
Prado recibió varias llamadas telefónicas instándolo a “que se callara” si quería a sus hijos. La esposa de Prado recibió una llamada anónima en la cual le dijeron que Prado sería “el próximo en caer”.
