EFE).- El diputado argentino del partido de la oposición Propuesta Republicana (Pro) Julián Obiglio, critica la actitud “populista” del Gobierno de Cristina Fernández en la “confiscación” de las acciones de Repsol en YPF, por las que, en su opinión, no va a pagar.
Obiglio ha visitado España con la intención de transmitir a la sociedad y a los políticos españoles, con los que ha mantenido diversos encuentros, que en Argentina hay otra posición sobre este asunto.
Es la posición, dice en una entrevista con Efe, de los que creen en “la libertad, el respeto a la propiedad privada, las inversiones y las relaciones comerciales entre los países”.
Frente a esto, el diputado -uno de los 32 de los 257 que conforman la Cámara argentina que se opuso a la nacionalización- señala que el Gobierno de Cristina Fernández no va a negociar ni a “reconocer nada” a Repsol por el 51 % que se le ha expropiado de YPF.
Las consecuencias económicas de esta acción pesarán en el futuro en la ciudadanía argentina, lamenta.
Obiglio también quiere expresar su preocupación por los efectos de esta decisión “ilegal y discriminatoria” en las relaciones comerciales con España, así como en la situación económica de Argentina.
“La decisión sobre YPF ha puesto el riesgo financiero del país en 1.200 puntos, 200 puntos más que el de Venezuela y diez veces por encima del de otros países como Uruguay o Chile”, comenta Obiglio.
El diputado, que no ha entrado a hacer declaraciones sobre la reacción del Ejecutivo español en este asunto, cree además que la gestión de YPF en manos del actual Gobierno argentino sólo va a responder a decisiones políticas y no a criterios de eficiencia.Esta situación, añade, dificulta las inversiones internacionales, así como las posibilidades de financiación de empresas y consumidores. “Han empobrecido a los argentinos“, señala.
Para Obiglio, la decisión sobre YPF solo respondía a una cosa: la imagen de la presidenta estaba bajando y necesitaba un impulso “populista”.
En la sociedad argentina, explica, hay especial sensibilidad sobre la propiedad de los recursos naturales, pero en lugar de ir por la vía legal, lo que se ha hecho ha sido una confiscación, añade.
“Las expropiaciones pueden hacerse, pero pagando el precio justo por ellas y respetando los compromisos legales adquiridos”, argumenta el diputado.
Esto ha sido una “confiscación” con la que hay gran parte de la sociedad y la política argentina que no está de acuerdo y debe saberse, concluye.
La Cámara de Diputados de Argentina ha convalidado esta semana el decreto presidencial que establece la expropiación del 51 % de las acciones de YPF a Repsol, una decisión contra la que la petrolera ha emprendido acciones legales.
La empresa española reclama 10.000 millones de dólares (unos 8.000 millones de euros) en compensación por las acciones expropiadas.
