Rocío San Miguel, miembro de la ONG Control Ciudadano, denunció que el Tribunal Supremo de Justicia ha demorado 11 años en promulgar la Ley Orgánica de Frontera.
“Esta es una ley que afecta al 36% de la población venezolana y el 70% del territorio nacional“, dijo, al tiempo que pidió al TSJ “instar a la Asamblea Nacional a que con velocidad apruebe la ley, dé las directrices y que las asignaciones económicas especiales bajen a los gobernadores y alcaldes fronterizos”
