Barbados inauguró hoy formalmente el primer Tribunal de Tratamiento de Drogas (TTD), un programa que ofrece un tratamiento alternativo para los delitos no violentos cometidos por drogodependientes, y que fue desarrollado con el apoyo de la Organización de los Estados Americanos (OEA) a través de la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas (CICAD).
La nación caribeña es el séptimo país en lanzar un proyecto piloto de TTD bajo el programa de Tribunales de Tratamiento de Drogas de la OEA, uniéndose a iniciativas de Trinidad y Tobago, Costa Rica, Argentina, República Dominicana, Jamaica y Panamá.
El acto de inauguración, que tuvo lugar en la ciudad de Bridgetown, contó con la participación del Presidente de la Corte Suprema de Barbados, Marston Gibson; el Fiscal General y Ministro de Interior, Adriel Brathwaite; el Secretario Ejecutivo de la CICAD, Embajador Paul Simons; el Alto Comisionado de Canadá para Barbados y el Caribe Oriental, Richard Hanley; el Juez de la Corte Superior de Barbados y Presidente del Comité Ejecutivo del TTD de Barbados, Randall Worrell; y el Presidente del Consejo Cristiano de Barbados, Reverendo Monseñor Vincent Harcourt.
El lanzamiento del TTD en Barbados es producto del trabajo conjunto realizado entre Barbados y la CICAD, a través del Memorando de Entendimiento firmado por emabos en 2013. La CICAD, en colaboración con el Poder Judicial de Barbados, la Comisión Nacional sobre Drogas de Barbados y la Asociación Canadiense de Tribunales de Tratamiento de Drogas (CADTC por sus siglas en inglés), han colaborado con el gobierno de Barbados proporcionando asistencia técnica para adaptar el enfoque de TTD a la legislación nacional, capacitar a los equipos de TTD y determinar su viabilidad.
El Programa de TTD cuenta con un enfoque innovador para hacer frente a los delitos no violentos cometidos por infractores dependientes de drogas los delincuentes, quienes son dirigidos a tratamientos en lugar de ir a prisión. Los tribunales buscan reducir el riesgo de reincidencia en el delito y disminuir la población penitenciaria, además de mermar los gastos gubernamentales de encarcelamiento. El programa de tratamiento bajo supervisión judicial cuenta con financiación del Gobierno de Canadá.
OEA
