(Madrid, 27 de octubre. EFE) - La detención de medio centenar de políticos, funcionarios y empresarios en varias provincias españolas puso hoy de manifiesto la existencia de un nuevo caso de corrupción basado en la connivencia entre el poder local y hombres de negocio a la hora de adjudicaciones públicas.
Agentes de la Guardia Civil procedieron hoy a esas detenciones y a 259 registros en el marco de una trama de corrupción destapada en ayuntamientos y regiones contra acusados de cobrar comisiones ilegales por la adjudicación de obras y servicios y conseguir contratos por valor de 250 millones de euros en tan sólo dos años.
Es la llamada Operación Púnica, ordenada por un juez de la Audiencia Nacional y ejecutada por agentes de la Guardia Civil que hoy detuvieron a media docena de alcaldes de la región de Madrid y un exvicepresidente de esta comunidad, así como el presidente de la Diputación Provincial de León (norte) y cargos públicos menores de otras instituciones.
El detenido más ilustre es Francisco Granados, quien durante años fue vicepresidente de la región de Madrid y “número dos” del Partido Popular (PP) en esta Comunidad.
Entre los alcaldes detenidos figuran los “populares” José Carlos Boza, de Valdemoro (71.500 habitantes) y Agustín Juárez, de Collado Villalba (62.600 habitantes), así como el socialista José María Fraile, de Parla (125.600 habitantes).
Según la Fiscalía Anticorrupción, la trama estaba “infiltrada en varios ayuntamientos y autonomías” y obtenía contratos públicos en “connivencia” de ediles municipales y funcionarios, empresarios de la construcción y empresas de servicios de energía.
La contrapartida a esos contratos era el pago de comisiones ilegales, a costa de las cuentas municipales y regionales.
Los beneficios eran blanqueados a través de un entramado societario con ayuda de empresas que a su vez también servían para conseguir los servicios y los contratos, contraviniendo la libre competencia.
Los beneficios eran blanqueados a través de un entramado societario con ayuda de empresas que a su vez también servían para conseguir los servicios y los contratos, contraviniendo la libre competencia.
La operación empezó en enero, después de que la Audiencia Nacional accediera a una comisión rogatoria de las autoridades suizas por sospechas graves de blanqueo.
El gobernante PP y el principal partido de la oposición, el socialista, reaccionaron hoy con la medida de suspender de militancia a sus correligionarios detenidos.
La respuesta pretende hacer frente al creciente descontento que la corrupción genera entre los españolas.
El sondeo mensual del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) reflejó en su última edición, el pasado 7 de octubre, que la corrupción es el segundo mayor problema que ven los españoles, sólo por detrás del desempleo.
Y es que los españoles han asistido en los últimos años a numerosos casos de corrupción en ayuntamientos y regiones, vinculados generalmente al otorgamiento de licencias y adjudicaciones en obras y servicios.
Los tribunales se ocupan desde hace tiempo de investigar y de depurar responsabilidad en ese tipo de casos, que afectan a los dos grandes partidos (PP y PSOE), pero también a sindicatos y empresarios.
La Audiencia Nacional investiga la supuesta contabilidad B del Partido Popular durante años, que esta formación niega, mientras su extesorero Luis Bárcenas lleva en la cárcel más de un año y surgen informaciones sobre el pago “en negro” de gastos del partido.
Los socialistas tienen su cruz en Andalucía (sur), donde una juez investiga un caso de ayudas del Gobierno regional a empresas en dificultades con un supuesto fraude en el uso del dinero del que se enriquecían particulares y cargos públicos.
Dirigentes sindicales y empresariales están en la picota por el uso de tarjetas de crédito opacas de las entidades públicas Caja Madrid y Bankia, un caso que tiene como principal protagonista al exdirector gerente del FMI Rodrigo Rato, que presidió esas entidades.
Otro caso que ha indignado a los ciudadanos en estas semanas es el del expresidente regional de Cataluña Jordi Pujol, quien admitió haber tenido cuentas en Andorra, mientras varios de sus hijos son objeto de sumarios judiciales por presunta corrupción
