Los dos guerrilleros de 14 y 17 años de lasFARC que fueron juzgados por la comunidad indígena Nasa por participar en el asesinato de dos miembros de esta etnia fueron trasladados este jueves a Bogotá para ingresar en un centro de rehabilitación, informó la Defensoría del Pueblo.
Esta institución, junto a la ONU, fue la encargada en "acuerdo con las autoridades indígenas" de acompañar a los menores desde el municipio de Toribío, en el departamento del Cauca (suroeste), donde ocurrió el doble crimen, hasta la capital colombiana, donde serán ingresados en un centro sobre el que no se dieron detalles.
Los dos menores, junto con otros cinco guerrilleros adultos, fueron juzgados el pasado 9 de noviembre en una asamblea en la que participaron unos 2.000 nasa que votaron a mano alzada las condenas.
Los siete fueron acusados de asesinar a dos miembros de la Guardia Indígena, emblemático cuerpo de agentes que vela por los derechos y territorios de estas comunidades, por retirar vallas propagandísticas de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).
Los guerrilleros adultos fueron condenados a penas de 60 años de cárcel para el autor material y 40 años para el resto de implicados.
En el caso de los menores de edad, fueron condenados a recibir veinte latigazos cada unoy su reclusión en un centro de rehabilitación hasta que cumplan 18 años, momento en el que no se descarta que su caso vuelva a ser consultado por la asamblea para otras sanciones.
Las leyes colombianas respetan la autonomía de los indígenas para aplicar su propia justicia, por lo que tanto los adultos como los menores cumplirán íntegramente sus sentencias, que son inapelables, en centros del Estado siguiendo las directrices del juez de los Nasa.
Tras conocer la decisión de los Nasa, el director de la ONU en Colombia, Fabrizio Hochschild, expresó su respeto por la competencia indígena para emitir sentencias, pero se mostró preocupado por la posible falta de garantías del proceso judicial.
"Un derecho fundamental es el referido a un debido proceso. Eso incluye elementos de presunción de inocencia con una audiencia justa frente a un tribunal independiente e imparcial y el derecho a un abogado y a poder apelar la sentencia", explicó.
Esta institución, junto a la ONU, fue la encargada en "acuerdo con las autoridades indígenas" de acompañar a los menores desde el municipio de Toribío, en el departamento del Cauca (suroeste), donde ocurrió el doble crimen, hasta la capital colombiana, donde serán ingresados en un centro sobre el que no se dieron detalles.
Los dos menores, junto con otros cinco guerrilleros adultos, fueron juzgados el pasado 9 de noviembre en una asamblea en la que participaron unos 2.000 nasa que votaron a mano alzada las condenas.
Los siete fueron acusados de asesinar a dos miembros de la Guardia Indígena, emblemático cuerpo de agentes que vela por los derechos y territorios de estas comunidades, por retirar vallas propagandísticas de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).
Los guerrilleros adultos fueron condenados a penas de 60 años de cárcel para el autor material y 40 años para el resto de implicados.
En el caso de los menores de edad, fueron condenados a recibir veinte latigazos cada unoy su reclusión en un centro de rehabilitación hasta que cumplan 18 años, momento en el que no se descarta que su caso vuelva a ser consultado por la asamblea para otras sanciones.
Las leyes colombianas respetan la autonomía de los indígenas para aplicar su propia justicia, por lo que tanto los adultos como los menores cumplirán íntegramente sus sentencias, que son inapelables, en centros del Estado siguiendo las directrices del juez de los Nasa.
Tras conocer la decisión de los Nasa, el director de la ONU en Colombia, Fabrizio Hochschild, expresó su respeto por la competencia indígena para emitir sentencias, pero se mostró preocupado por la posible falta de garantías del proceso judicial.
"Un derecho fundamental es el referido a un debido proceso. Eso incluye elementos de presunción de inocencia con una audiencia justa frente a un tribunal independiente e imparcial y el derecho a un abogado y a poder apelar la sentencia", explicó.
EFE
