El presidente de México, Enrique Peña Nieto, se está planteando crear una comisión especial y nombrar a un fiscal, según fuentes parlamentarias, para intentar esclarecer la desaparición de 43 estudiantes en Guerrero, una región del sur del país. El fiscal elegido por el Gobierno sería autónomo y tendría entre sus tareas la de revisar la investigación de la PGR –fiscalía general- que tantas dudas ha generado después de dos meses de no presentar resultados solventes.
La crisis abierta en el Gobierno por las críticas a la investigación ha llevado al Ejecutivo a replantearse desde cero la forma en la que se está abordando el asunto. Esta semana se ha enviado un contingente de unos 10.000 policías, según fuentes de seguridad, cuya principal misión es interrogar a todos los alcaldes de Guerrero, el Estado pobre y caciquil en la que desaparecieron los muchachos. En un estudio independiente, citado por las autoridades, se calcula que el 67% de los ayuntamientos mexicanos tienen algún tipo tipo de relación con el narcotráfico.
Tras entrevistar a los alcaldes que pudieran tener información sobre el caso, por mínima que sea, la instrucción es que recaben todo tipo de informes, declaraciones, nuevos testigos, cualquier cosa que sirva para avanzar en la investigación. Las pesquisas realizadas arrastran algunos errores de origen: la fiscalía general no se hizo cargo de la desaparición de los chicos hasta 11 días después de que ocurriera y no llega hasta el supuesto lugar donde son asesinados e incinerados, en un vertedero de un municipio cercano llamado Cocula, hasta un mes después.
La fiscalía especial, en teoría, debería servir para tapar algunos de los huecos que todavía generan dudas. La falta de respuestas ha hecho que miles de personas salgan a la calle a manifestarse exigiendo justicia. La versión que ha dado la PGR, recopilada por los testimonios de los sicarios detenidos, es que los estudiantes de la escuela de maestros rurales de Ayotzinapa fueron detenidos en las calles de Iguala. Los agentes los entregaron a los sicarios del cartel de Guerreros Unidos, molestos por la invasión del territorio o confundidos por creerlos miembros de un cartel rival. Y los llevaron de madrugada hasta el vertedero, donde los ejecutaron y los incineraron en una pira que ardió durante más de 10 horas. La policía ha encontrado en un río cercano bolsas de basura con restos humanos que han sido enviados a un laboratorio de élite en Innsbruck, Austria. Los padres de los muchachos se han mostrado muy escépticos con la versión oficial y todavía algunos tienen esperanza de encontrarlos vivos.
Otra de las tareas pendientes del Gobierno que podría formalizar en breve es la de concretar el mando único. Uno de los grandes problemas mexicanos de seguridad es el descontrol de las policías municipales y estatales, algunas completamente infiltradas por el crimen organizado. El presidente anterior, Felipe Calderón, lo intentó sin éxito. Peña Nieto, en el primer año de mandato, habló en dos ocasiones de crear 32 super-policías, tantas como regiones hay, pero eso quedó a medio hacer. La intención ahora es sacar adelante el proyecto. La tragedia irresoluta de Iguala obliga a tomar medidas urgentes.EL PAIS
