Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) perpetraron 38 ataques contra civiles desde el 22 de mayo, fecha en la que finalizaron un cese el fuego unilateral, según los registros de la Defensoría del Pueblo de Colombia.
Entre los ataques de la guerrilla se cuentan atentados con explosivos contra torres eléctricas que han afectado especialmente a poblaciones del sur del país, según un comunicado de la Defensoría del Pueblo.
Asimismo, los guerrilleros atacaron el Oleoducto Transandino, lo que provocó un "daño ambiental de grandes proporciones" y que causó la suspensión del suministro de agua a casi 7.000 colombianos que viven en los alrededores del río Rosario.
La mancha de aceite causada por ese ataque amenaza con llegar a la ensenada y causar un grave daño ambiental, agregó el comunicado.
Según la Defensoría del Pueblo, estos ataques constituyen "claras infracciones" contra el Derecho Internacional Humanitario.
Además, los atentados con explosivos contra torres eléctricas han estado a la orden del día especialmente en departamentos como Cauca, Valle del Cauca, Huila y Nariño (suroeste), Caquetá (sur) y Norte de Santander (noreste).
La columna Daniel Aldana de las FARC, una de las más activas en este mes que ha transcurrido desde el fin del cese el fuego, dinamitó en dos oportunidades diferentes tramos del Oleoducto Transandino en el sur del país.
Además, esa misma unidad de las FARC interceptó 23 camiones cargados con crudo y derramaron más de 200.000 galones en el departamento de Putumayo (sur), lo que también ocasionó graves daños ambientales.
La Defensoría del Pueblo aclaró que el registro no incluye acciones como la voladura de una torre de conducción de energía en Mercaderes (Cauca), que pese a haber sido derribada no tuvo consecuencias para la población.
Tampoco el atentado contra el oleoducto Caño Limón Coveñas, en el Norte de Santander, donde no se ha esclarecido si el ataque fue perpetrado por las FARC o por el Ejército de Liberación Nacional (ELN).
De igual manera no se incluyen accidentes con minas antipersona, al no poder determinarse el momento en que dichos artefactos fueron instalados.
"De sumarse esas acciones, la cifra podría acercarse al medio centenar de ataques con consecuencias para la población civil", señaló el comunicado de la Defensoría.
A estos ataques se suman las ofensivas contra miembros de la Policía y el Ejército que han dejado un saldo de al menos quince muertos en las últimas semanas.
Entre los policías muertos está el teniente coronel del municipio de Ipiales (Nariño), Alfredo Ruiz Clavijo.
El cese el fuego unilateral había comenzado el 20 de diciembre de 2014 y terminó cinco meses después, el pasado 22 de mayo, en respuesta a un bombardeo de la Fuerza Aérea contra uno de sus campamentos en el suroeste del país, donde murieron 27 guerrilleros.
Entre los ataques de la guerrilla se cuentan atentados con explosivos contra torres eléctricas que han afectado especialmente a poblaciones del sur del país, según un comunicado de la Defensoría del Pueblo.
Asimismo, los guerrilleros atacaron el Oleoducto Transandino, lo que provocó un "daño ambiental de grandes proporciones" y que causó la suspensión del suministro de agua a casi 7.000 colombianos que viven en los alrededores del río Rosario.
La mancha de aceite causada por ese ataque amenaza con llegar a la ensenada y causar un grave daño ambiental, agregó el comunicado.
Según la Defensoría del Pueblo, estos ataques constituyen "claras infracciones" contra el Derecho Internacional Humanitario.
Además, los atentados con explosivos contra torres eléctricas han estado a la orden del día especialmente en departamentos como Cauca, Valle del Cauca, Huila y Nariño (suroeste), Caquetá (sur) y Norte de Santander (noreste).
La columna Daniel Aldana de las FARC, una de las más activas en este mes que ha transcurrido desde el fin del cese el fuego, dinamitó en dos oportunidades diferentes tramos del Oleoducto Transandino en el sur del país.
Además, esa misma unidad de las FARC interceptó 23 camiones cargados con crudo y derramaron más de 200.000 galones en el departamento de Putumayo (sur), lo que también ocasionó graves daños ambientales.
La Defensoría del Pueblo aclaró que el registro no incluye acciones como la voladura de una torre de conducción de energía en Mercaderes (Cauca), que pese a haber sido derribada no tuvo consecuencias para la población.
Tampoco el atentado contra el oleoducto Caño Limón Coveñas, en el Norte de Santander, donde no se ha esclarecido si el ataque fue perpetrado por las FARC o por el Ejército de Liberación Nacional (ELN).
De igual manera no se incluyen accidentes con minas antipersona, al no poder determinarse el momento en que dichos artefactos fueron instalados.
"De sumarse esas acciones, la cifra podría acercarse al medio centenar de ataques con consecuencias para la población civil", señaló el comunicado de la Defensoría.
A estos ataques se suman las ofensivas contra miembros de la Policía y el Ejército que han dejado un saldo de al menos quince muertos en las últimas semanas.
Entre los policías muertos está el teniente coronel del municipio de Ipiales (Nariño), Alfredo Ruiz Clavijo.
El cese el fuego unilateral había comenzado el 20 de diciembre de 2014 y terminó cinco meses después, el pasado 22 de mayo, en respuesta a un bombardeo de la Fuerza Aérea contra uno de sus campamentos en el suroeste del país, donde murieron 27 guerrilleros.
EFE
