Este lunes un grupo de la organización no gubernamental (ONG) Provea se presentó a las afueras del Tribunal Supremo de Justicia para exigir celeridad al caso de retardo procesal contra la Asamblea Nacional (AN) que fue presentado ante la Sala Constitucional.
Marino Alvarado, abogado y directivo de Provea, explicó que desde hace dos años esta ONG, que defiende los derechos humanos, presentó una acción judicial contra la Asamblea Nacional por no legislar en materia de los pensionados.
“Exigimos celeridad al TSJ en la demanda interpuesta por Provea contra la Asamblea Nacional”, dijo Alvarado y añadió que la AN ha sido acusada por omisión legislativa en el tema de las pensiones para la población de la tercera edad en Venezuela.
Apuntó el directivo, que se está en espera de que haya justicia. “La ponente es la misma presidenta del Tribunal Supremo de Justicia; la misma persona que le dice a los venezolanos que no acudamos al sistema Interamericano de los Derechos Humanos porque en el país hay una adecuada administración de justicia…”.
Alvarado acotó que la acción judicial de Provea ni siquiera ha sido admitida por el TSJ en dos años de haber sido interpuesta. “La Sala Constitucional del TSJ le da un mal ejemplo al resto del Poder Judicial y a toda Venezuela”, expresó.
Enfatizó que en este caso “hay un retardo intencionado. Han pasado ya tres períodos legislativos desde que colocamos la demanda y en ninguno de ellos, se ha dictado la ley de pensiones, que manda la Constitución Nacional”.
Para Alvarado, millones de pensionados son afectados mientras no haya legislación en ese tema. “La no legislación genera un vacío que da mucha discrecionalidad a los funcionarios en el país. Si existiera esta ley, no habría tantas irregularidades con los pensionados, los adultos mayores, como sucede ahora”.
