El Congreso mexicano, integrado por 500 diputados y 128 senadores elegidos en los comicios del 1 de julio, arrancó su primer período de sesiones, en una etapa que coincide con el traspaso del poder presidencial.
La primera sesión de la 62 Legislatura, con la presencia de ambas cámaras, se inició con un quórum inicial de 416 diputados y 112 senadores, para escuchar las posiciones de los siete grupos parlamentarios y sus principales prioridades en este primer período.
Adriana Hernández, del Partido Revolucionario Institucional (PRI), la fuerza política con mayor peso en el Congreso, exhortó a todas las fuerzas parlamentarias a lograr los acuerdos necesarios para la transformación del país.
Afirmó que los verdaderos enemigos de México son la violencia, la pobreza y la desigualdad, y dijo aspiran "a convencer, no a imponer".
Hernández aseguró que ahora empieza la segunda transición política de la democracia constitucional, en alusión al retorno de su partido a la Presidencia el próximo 1 de diciembre, luego de 12 años en manos del conservador Partido Acción Nacional (PAN).
El Revolucionario Institucional, que ya gobernó México de 1929 a 2000, contará con 207 diputados y 52 senadores, y reforzará su posición con el respaldo del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), que tiene 34 escaños en la Cámara baja y otros 9 en el Senado.
Sin la mayoría en las cámaras, el PRI está forzado a buscar alianzas en el Legislativo para impulsar la agenda de reformas que quedaron pendientes en la actual Administración, como la energética, fiscal, laboral, educativa y judicial.
Previo a la intervención del PRI, los legisladores de izquierda mostraron mantas con las siguientes leyendas: "La democracia ha muerto", "El destino de México no tiene precio" y "Es una victoria pírrica del cinismo y la corrupción".
El senador del izquierdista Partido de la Revolución Democrática (PRD) Silvano Aureoles descalificó la elección presidencial del 1 de julio, declarada ayer válida por el Tribunal Electoral.
Aureoles dijo que el fallo de los magistrados, que desestimó la demanda de nulidad de los comicios presentada por la izquierda, dejó un "sentimiento de frustración, enojo e impotencia social".
Afirmó que los encargados de hacer valer la ley convalidaron su violación, aunque aclaró que la izquierda no se quedará en el reclamo, ni será "una fuerza marginal, ni contestataria, ni sumisa".
"Venimos dispuestos a construir acuerdos, queremos reformas sin vacilaciones, ni mezquindades, y asumiremos esta responsabilidad", aseveró.
El PRD constituye la tercera formación política del Congreso con 100 diputados y 22 senadores, que aumentan a 135 y 28 respectivamente con sus aliados: el Partido del Trabajo y el Movimiento Ciudadano.
Su agenda incluye cambios para garantizar la transparencia, la rendición de cuentas y el combate a la corrupción, el impulso a una nueva economía dinámica y sustentable, así como la defensa de las libertades ciudadanas.
Asimismo, asegurar la procuración de la justicia, un nuevo régimen político, democratizar los medios, impulsar la educación, la ciencia y la tecnología.
Aureoles advirtió que su fuerza política no permitirá que se privatice Pemex y se pronunció por "una reforma hacendaria integral".
El conservador Partido Acción Nacional (PAN), la segunda fuerza del Legislativo con 114 diputados y 38 senadores, dijo que defenderá los logros alcanzados en los dos últimos Gobiernos, en participar en materia de derechos individuales, democracia y libertad.
El diputado Luis Alberto Villarreal advirtió que evitarán "cualquier regresión autoritaria", y aclaró que no serán oposición, sino una fuerza para modernizar el país.
"Vamos a eliminar el fuero para acabar con privilegios de los políticos, vamos a impulsar una nueva reforma electoral que quedó inconclusa", indicó.
Al término de las intervenciones, una comisión recibió de manos del secretario de Gobernación, Alejandro Poiré, el sexto y último informe del Gobierno del presidente Felipe Calderón, que será analizado en las dos cámaras en las próximas semanas.
Junto con el informe, el Ejecutivo entregó dos iniciativas preferentes, la primera para reformar la ley laboral y la segunda para transparentar la contabilidad gubernamental.
EFE
