La presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, resolvió hoy apartar de sus cargos a todos los miembros del Gabinete de la Presidencia en Sao Paulo, incluida la jefa de esa dependencia, Rosemary Novoa, ante sospechas de participación en un esquema de corrupción, informó hoy el gobierno.
Los involucrados, 18 en total, fueron apuntados por la Policía Federal como integrantes de una red de tráfico de influencias y corrupción en la sede regional de la Presidencia en Sao Paulo, en el marco de la Operación Porto Seguro.
“Por determinación de la Presidencia de la República, todos los funcionarios indagados en la Operación Porto Seguro de la Policía Federal serán apartados o exonerados de sus funciones. Todos los organismos citados en los informes deberán abrir un proceso de investigación interna”, informa el comunicado oficial divulgado hoy.
La jefa del gabinete presidencial en Sao Paulo, cuya oficina fue allanada el viernes, es sospechosa de participar activamente de la organización delictiva, que se presume se infiltró en el gobieno para obtener pareceres técnicos fraudulentos favorables a determinadas empresas a cambio de dinero, y se le adjudican los delitos de tráfico de influencia y falsedad ideológica.
Según la información obtenida por la policía, Novoa exigía dinero a empresas a cambio de beneficiarlas con laudos técnicos irregulares a través de dos funcionarios del gobierno indicados por ella: el director de la Agencia Nacional de Aguas (ANA), Paulo Vieira, quien fue detenido, y el director de la Agencia Nacional de Aviación Civil (ANAC), quien no fue localizado por la policía. Las oficinas de ambos fueron allanadas y varias computadoras y documentos fueron incautados.
También fue exonerado un alto funcionario de la Abogacía General de la Unión (AGU), José Weber Holanda, brazo derecho del ministro de la AGU, Luís Inácio Adams.
Según informa hoy la versión digital del diario “Folha de Sao Paulo”, la maniobra delictiva fue denunciada por un ex funcionario del Tribunal de Cuentas de la Unión (TCU), quien aseguró que fue contactado por un abogado para emitir pareceres técnicos favorables a una empresa a cambio de 300.000 reales (unos 150.000 dólares).
El funcionario llegó a recibir la tercera parte del valor, pero después se arrepintió y acudió a la Policía Federal para denunciar el fraude. La denuncia dio inicio a las investigaciones en marzo de 2011, informa la agencia DPA.
En el marco del operativo, que involucró a unos 180 efectivos en varias ciudades paulistas y en Brasília, fueron cumplidos 26 mandatos de búsqueda y aprehensión de personas y documentos. Hasta ahora, seis personas fueron detenidas.
ANDINA
