Tres jueces de instrucción decidieron investigar para determinar si el expresidente francés Nicolas Sarkozy fue cómplice de una violación del secreto de instrucción cuando la presidencia difundió un comunicado sobre el caso llamado Karachi en septiembre de 2011, informó a la AFP el jueves una fuente judicial.
Familias de víctimas francesas del atentado de Karachi (Pakistán) habían presentado una demanda judicial contra Sarkozy a raíz de ese comunicado, que afirmaba que "respecto al caso llamado de Karachi, el nombre del jefe de Estado no aparece en ninguno de los elementos del legajo".
Los jueces no retuvieron la demanda de la fiscalía, que estimaba que no es posible encausar a Sarkozy en virtud del artículo 67 de la Constitución Francesa, que estipula que el presidente de la República "no es responsable de actos realizados en su calidad" de jefe de Estado.
"Suponiendo que esté establecido, el hecho de permitir la divulgación de informaciones procedentes de una instrucción en curso no entra en las funciones del presidente de la República", estiman los jueces en una ordenanza consultada por la AFP.
El comunicado de la presidencia francesa objeto de la demanda fue difundido el 22 de septiembre de 2011, poco después de la inculpación de dos allegados del entonces presidente, Thierry Gaubert y Nicolas Bazire, en la parte financiera del caso Karachi.
En el caso Karachi, la justicia francesa investiga si hubo un eventual financiamiento oculto de la campaña presidencial de Edouard Balladur en 1995 a través de retrocomisiones por contratos de venta de armas a Pakistán. En la época, Balladur era primer ministro y Sarkozy ministro de presupuesto y portavoz de campaña presidencial de Balladur, quien perdió la elección, ganada por Jacques Chirac.
La justicia se interroga asimismo sobre un eventual vínculo con un atentado cometido en Karachi en mayo de 2002, en el que murieron 15 personas, 11 de ellas francesas. Una de las hipótesis es que el atentado sería una represalia por el cese del pago de comisiones ligadas a contratos de armas a partir de 1995.
AFP