Roberto Orta, presidente de la Asociación de Propietarios de Inmuebles Urbanos (Apiur), conversó en Noticias24 Radio sobre la nueva aplicación de la Ley para la Regularización y Control de Arrendamientos de Viviendas, donde se podrán desalojar a los inquilinos en un periodo máximo de 6 meses.
“El procedimiento para desalojar un inquilino actualmente implica cuatro procesos, el primero, que es para realizar un acto conciliatorio, podría durar hasta 8 meses; posteriormente se hace un juicio oral que puede durar hasta 2 años. Es decir, después de terminar la fase administrativa y judicial podemos estar hablando de cerca de 3 años”, así lo refirió Orta.
Aseveró que la “real preocupación” es la asignación de un refugio a las personas que están obligadas a entregar la vivienda por haber perdido el juicio en tribunales y no conseguir otro alquiler a tiempo. “Solo se han asignado dos refugios de 60 casos. Lo que tranca el juego es esto porque impide ejecutar la medida de desalojo oportunamente”.
El Director de Apiur aseguró que son cerca de 40 mil juicios pendientes en tribunales y otros cientos que hay en la Superintendencia Nacional de Arrendamiento de Vivienda (Sunavi), que no han podido ser cerrados por la falta de refugios para las personas afectadas.
Orta insistió “en que esta ley debe ser reformada, que debe iniciarse directamente los procedimientos ya que hay cerca de 500 tribunales a nivel nacional y que no sea un solo organismo por donde tengan que pasar estos procesos”.
También indicó que la gente aún tiene miedo de arrendar su propiedad pues para ellos representa un riesgo el alquiler. “No hay un atractivo en Venezuela para arrendar los inmuebles residenciales en vista de las restricciones tanto del alquiler como de la parte judicial y procesal que es extremadamente lenta”.
