El fin de un contrato de arrendamiento amenaza con convertirse en un problema de Estado en Colombia. La razón: el inquilino afectado es el expresidente Álvaro Uribe.
Al exmandatario se le acaba de notificar que tiene que abandonar el apartamento que durante los últimos cuatro años ha ocupado en Bogotá, que está ubicado dentro de un complejo policial del norte de la capital y al que tenía derecho en su calidad de expresidente.
Según la policía, la medida responde a que ya expiró el plazo contemplado para ese privilegio y el apartamento puede ayudar a darle respuesta “a la necesidad imperiosa” de satisfacer el bienestar de los oficiales a la espera de una vivienda.
Pero los partidarios del máximo líder de la oposición colombiana afirman que detrás de la decisión, que -según dicen- pondría en peligro la vida del líder del partido Centro Democrático, habrían mezquinas motivaciones políticas.
“Me parece ésta una decisión ruin que pone en peligro la vida del senador (Uribe). Aquí en Colombia hacer oposición está cada vez más difícil para quienes estamos en contra de Juan Manuel Santos”, se quejó su colega de bancada, la senadora Paloma Valencia.
“El expresidente tendrá que irse quién sabe a dónde con las inseguridades que él enfrenta”, explicó Valencia.
Y todos coinciden que encontrar una residencia segura para quien probablemente es el hombre más amenazado de Colombia no será tarea sencilla.
Entre otras cosas porque son muy pocos los que están dispuestos a tener como vecino a una persona que para su protección necesita un esquema de seguridad de 140 hombres.
Apartamento “modesto”
Hasta el momento el problema se resolvía con una vivienda ubicada dentro del complejo que alberga al Centro de Estudio Superiores de la Policía (Cespo), donde también tiene su residencia el alcalde Gustavo Petro y varios altos mandos policiales.
Y si bien el complejo cuenta hasta con cancha de golf, los partidarios de Uribe describen su apartamento de 70 metros cuadrados como “modesto”, además de insistir que el exmandatario siempre ha pagado por su arrendamiento.
Mientras que, en medio de la polémica suscitada por la noticia, incluso algunos de sus principales opositores le han pedido a las autoridades reconsiderar la medida.
“Hay que proteger la vida del expresidente y si es necesario se debe permitir que siga en esa residencia”, declaró, por ejemplo, el senador del izquierdista Polo Democrático Iván Cepeda.
Y en el mismo sentido se expresaron varios diputados afines al gobierno.
La policía, sin embargo, hasta el momento no ha dicho si está dispuesta a hacer una excepción a lo establecido en la resolución 07211 del 2 de agosto de 2012, citada en la notificación enviada al expresidente Uribe.
“Los Expresidentes y Ex vicepresidentes de la República, tendrá (sic) derecho de adjudicación de vivienda fiscal previa solicitud y la correspondiente prórroga del contrato se dará por solicitud de los mismos sin que exceda cuatro (4) años”, se explica en la carta en la que “respetuosamente” le piden “al Señor Senador Álvaro Uribe Vélez” realizar “las gestiones pertinentes para entregar la vivienda fiscal que tiene asignada”.
Pero afirman los partidarios del exmandatario que, de no revertirse la medida, el senador podría tener que desplazarse todas las noches hasta su casa particular en Río Negro, Antioquia, ubicada a 226 kilómetros, en línea recta, de la capital y por consiguiente de su curul en el Senado, pero a más de 400 kilómetros por carretera.
“Yo hago personalmente responsable al presidente Santos de cualquier evento de seguridad del expresidente Uribe”, advirtió Valencia.
