El superintendente nacional de Precios Justos, Andrés Eloy Méndez, aseguró que la implementación del captahuellas en algunos distribuidores de alimentos y otros productos ha dado resultados positivos, citando el caso del estado Zulia, donde “han eliminado las colas” y se ha dado un freno al “bachaqueo”.
El sistema biométrico “ha sido provechoso en Zulia”, afirmó Méndez. “Los inventarios que duraban seis horas, ahora duran hasta siete días, debido a que anteriormente la economía informal vaciaba los anaqueles”, amplió.
“Para nosotros es muy importante que los supermercados públicos y los 1.400 grandes supermercados de todo el país tengan el captahuellas como un método moderno de alta tecnología”, señaló.
El superintendente refirió que la medida está siendo implementada en establecimientos de la ciudad capital, entre ellos en la red de Abastos Bicentenario y en los hipermercados Makro. “El impacto se refleja en el hecho de que ha empezado a aparecer la harina, el arroz, el aceite, la mantequilla, la mayonesa y otros productos de la cesta básica”, dijo.
Para Andrés Eloy Méndez el captahuella “coloca a Venezuela en un avance” que dará paso aotros beneficios para la sociedad. “Es un ganar-ganar que nos permitirá poner en marcha programas especiales, por ejemplo descuentos”, anunció.
Contra el contrabando interno
El titular de la Superintendencia Nacional para la Defensa de los Derechos Socio Económicos (Sundde) hizo énfasis en las instrucciones emanadas por el presidente de la República, Nicolás Maduro, con el fin de combatir el contrabando interno.
Explicó que el mencionado delito es detectado cuando por ejemplo, “una gandola cargada con productos de primera necesidad tiene una guía desde un centro de acopio hasta un supermercado y en el recorrido se desvía hacia un centro de la economía informal. Eso es contrabando interno, está penado por la ley e implica de 10 a 14 años de cárcel, comiso de la mercancía y ocupación del camión”.
A través de la Sundde han sido formados 515 fiscales, quienes conjuntamente con 27.000 inspectores populares y funcionarios de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (Fanb) tendrán la responsabilidad de inspeccionar los comercios y, donde detecten irregularidades, procederán a elaborar un acta y establecer posibles sanciones de acuerdo a la Ley Orgánica de Precios Justos.
Las sanciones incluyen multas, ocupación temporal y privativa de libertad, “todo va a depender del delito en el cual pudiera incurrir el dueño del establecimiento”, apuntó Méndez.
Detalló que la ocupación temporal está establecida en la ley cuando hay reincidencia, varios desacatos o un delito gravoso que genere daño a la sociedad.
En este sentido, la Sundde cumplirá con un monitoreo permanente desde una sala situacional mayor, ubicada en la superintendencia que estará conectada con todo el país.
