Estados Unidos vuelve a asomarse a la guerra sucia de la era Bush, alas prácticas irregulares que definieron la lucha contra los terroristas de Al Qaeda tras el 11-S, dividieron al país y dañaron la imagen de la primera potencia en el mundo. Un informe del Senado publicado este martes denuncia la inefectividad de las torturas de la CIA y los engaños de los responsables de la agencia de espionaje a la Casa Blanca y el Congreso.
El informe ofrece un retrato descarnado de uno de los episodios más oscuros de la historia reciente de EE UU: el programa secreto de detención e interrogatorios que la Administración del republicanoGeorge W. Bush puso en marcha tras los atentados del 11 de septiembre de 2001, en los que murieron casi 3.000 personas.
“Ninguna nación es perfecta”, dijo el presidente Barack Obama tras publicarse el informe. “Pero una de las fortalezas que hace a América excepcional es nuestra voluntad de afrontar abiertamente nuestro pasado, encarar nuestras imperfecciones, hacer cambios y mejorar”.
La investigación de los demócratas del Senado se lee como un acta de acusación contra la Agencia Central de Inteligencia (CIA), el servicio de espionaje exterior de EE UU. Cuestiona la legalidad de sus acciones. Pone en duda la honestidad de sus directores cuando afirmaban a sus superiores que los llamados métodos de “interrogatorio reforzado” —el eufemismo para describir el ahogamiento simulado owaterboarding— sirvieron para desarticular tramas terroristas o detener a jefes de Al Qaeda. Y describe torturas crueles y condiciones de detención degradantes, más aún de lo que creían los responsables políticos. El informe revela que los jefes de la CIA ocultaron información a los altos cargos de la Administración de Bush, incluido el propio presidente. La CIA aparece como una agencia fuera del control político, mal preparada para combatir a Al Qaeda y proclive a las chapuzas que a veces pusieron en riesgo la seguridad del país en vez de protegerla.El ejercicio de transparencia e introspección tiene un precedente en los informes de la Comisión Church en el Senado, que en los años 70 desvelaron las ilegalidades de la CIA, desde el espionaje a opositores del Gobierno en EE UU hasta intentos de asesinato.
La batalla por las torturas en los años de Bush, que pareció cerrarse cuando Obama llegó a la Casa Blanca en 2009 y prohibió las torturas, se reabre. Los republicanos del Comité de Inteligencia del Senado, que publicaron un contrainforme, alertan de que la difusión del informe de la Cámara (se han desclasificado 528 páginas de un total de 6.000) puede provocar represalias contra ciudadanos e intereses norteamericanos en todo el mundo. También alegan que no pueden entenderse las acciones de la CIA sin el contexto: tras el 11-S, EE UU vivía en la incertidumbre de un segundo atentado y ningún agente quería aparecer como el responsable de no haberlo evitado.
“Merecen muchos elogios”, dice, en alusión a los implicados en el programa, Dick Cheney, vicepresidente con George W. Bush, que en 2001 teorizó sobre la necesidad de combatir el terrorismo desde “el lado oscuro”. “En lo que a mí respecta”, declaró a The New York Times, “deberían ser condecorados, no criticados”. Cheney, como Bush, niega sentirse engañado por los responsables de la CIA, al contrario de lo que asegura el informe.
Otra discrepancia es si los interrogatorios permitieron extraer confesiones valiosas. Para Bush y los suyos, sí: contribuyeron a localizar a Osama bin Laden, el líder de Al Qaeda, ejecutado por un comando de EE UU en 2011. El actual director de la CIA, John Brennan, defiende en un comunicado que los métodos de interrogación “ayudaron a abortar planes de ataque”.Las diferencias no acaban aquí. En el prólogo del documento, la demócrata Dianne Feinstein, presidenta del Comité de Inteligencia, se refiere a las prácticas de la CIA como “torturas”, una palabra que Bush y sus colaboradores se resisten a utilizar.
El informe de Senado sostiene lo contrario. Obama coincide en que los métodos en cuestión fueron inútiles en los esfuerzos antiterroristas. La incógnita es si, con el informe, EE UU pasará página en un debate que se arrastra desde hace una década. La página judicial lleva años cerrada. Ningún miembro de la CIA ha sido procesado.
Los programas de Bush son ilegales desde hace casi seis años. Pero en muchos aspectos la era Bush no ha terminado. La guerra contra el terrorismo —y el uso de tácticas cuestionadas, como el uso de aviones no pilotados, o las escuchas electrónicas de la NSA— sigue con Obama. EL PAIS
