Impeachment (impugnación) es, estas últimas semanas, la palabra de moda en Brasil. La usan algunos políticos de la oposición y, sobre todo, los organizadores de una marcha anti Dilma Rousseffconvocada a través de las redes sociales en varias ciudades del país para el próximo 15 de marzo, con motivo del gigantesco escándalo de corrupción de Petrobras. Pero un proceso para destituir a la presidenta brasileña —asediada por la operación Lava Jato que investiga el desvío de dinero de la estatal, un mal momento económico y una brusca caída de popularidad— no es tan sencillo.
Por otra parte, este es el segundo mandato de Rousseff, reelegida en octubre por un estrecho margen. Y algunas voces sugieren que no podría ser juzgada por algo ocurrido en su anterior etapa como presidenta de Brasil, de acuerdo con el mismo artículo de la Constitución. No está nada claro, porque no existen precedentes. “Esta duda nunca ha sido discutida en procesos parecidos en Brasil. Y tampoco existe una doctrina jurídica que debata este problema, porque la reeleción es algo reciente [entró en vigor en 1998]”. Hasta ahora, Fernando Collor de Mello (1990-1992) es el único presidente que ha sido impugnado en la historia de este país, aunque Fernando Henrique Cardoso también tuvo que acostumbrarme a las manifestaciones y los gritos de “Fuera FHC” durante su segunda etapa en el poder (1999-2002).El nombre real del impeachment en la Constitución brasileña es “crimen de responsabilidad”. El texto reza: “El presidente de la República, en la vigencia de su mandato, no puede ser responsabilizado por actos ajenos al ejercicio de sus funciones”. La clave está en la definición de esos “actos ajenos”. Rousseff presidió elConsejo de Administración de Petrobras entre los años 2003 y 2010 (la operación Lava Jato investiga supuestas irregularidades cometidas en la petrolera estatal entre 2004 y 2012). Si el Congreso aceptase acusaciones de esa época como un motivo para destituir a Rousseff, el Supremo Tribunal Federal probablemente las tumbaría usando este artículo, opina Carlos Ari Sundfeld, profesor de Derecho de la Fundación Getúlio Vargas.
El mayor riesgo al que se expone Rousseff no es ser acusada de cometer delitos, sino de encubrirlos o ignorarlos durante su mandato, cree el abogado Ari Sundfeld. Un ejemplo: el tesorero nacional delPartido de los Trabajadores, João Vaccari Neto, ha sido uno de los últimos pesos pesados del partido gobernante acusados de participar en el desvío de fondos de Petrobras durante nada más y nada menos que una década.
Si la impugnación de Rousseff saliera adelante, todavía tendría que conseguir dos tercios de los votos de la Cámara de Diputados. Aunque los aliados de la base de Gobierno ocupan el 60% de los escaños de diputados y senadores, este es el apoyo más frágil de un partido en el poder desde la vuelta de la democracia, en 1989. Desde el punto de vista político, la posibilidad real de un impeachment es “casi cero”, asegura Thiago Aragão, socio de la consultoría de análisis político Arko Advice. “Un impeachment nace de una alta insatisfacción popular, pero no de esta que vemos hoy, sino de una mucho más fuerte. Para ello, la protesta del próximo día 15 tendría que repetirse todos los fines de semana durante meses”.
Hablar tanto de un impeachment que parece poco factible no es una maniobra inocente, cree Aragão: “Es como cuando se comenta que cierto banco va a quebrar y el rumor afecta a las acciones y a la confianza de los clientes. Cada vez que alguien menciona el impeachment, pone a la presidenta más a la defensiva”. EL PAIS
