( Nota de prensa).- La Dirección de Protección Integral de la Familia, a través del Ministerio Público presentó durante el primer semestre de 2015 más de 30.000 actos conclusivos vinculados con esa materia, que incluyen denuncias y flagrancias.
La directora de esa dependencia, María Alejandra Vásquez agregó que en ese mismo período egresaron más de 10.000 asuntos referentes a solicitudes de obligación de manutención, régimen de convivencia, adopciones, tutela y custodia, entre otros.
Asimismo, la alta funcionaria indicó que la citada dependencia orienta sus actuaciones en cuatro áreas de competencia: Penal Ordinario (Víctimas niños, niñas y adolescentes); Sistema de Responsabilidad Penal de Adolescentes; Protección integral de Niños, Niñas y Adolescentes, Civil e Instituciones Familiares; y recientemente se incorporó el área social.
Vásquez destacó que esa última área se encarga de diseñar, planificar y ejecutardiversas jornadas, que se desarrollan en conjunto con otras direcciones del Ministerio Público e instituciones del Estado.
Mencionó que la dirección a su cargo cuenta con 66 fiscalías en materia de protección, civil e instituciones familiares; 48 con competencia en penal ordinario (cuando los niños, niñas y adolescentes son víctimas) y 48 que atiende casos sobre la responsabilidad penal de adolescentes, para un total de 162 dependencias.
Por otra parte, la directora del Ministerio Público explicó que la nueva Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes establece que a partir de los 14 años de edad los adolescentes podrán ser sancionados por su responsabilidad en un hecho punible.
En este sentido, Vásquez agregó que en articulación con la Escuela Nacional de Fiscales, los funcionarios realizan constantemente cursos de formación y actualización, con la finalidad de que estén sensibilizados con esta materia.
La investigación
Adicionalmente, el subdirector de Investigaciones de Protección Integral de la Familia, Hahkell Escalona, puntualizó que la reforma parcial de la ley que rige la materia, publicada en la Gaceta Extraordinaria en el mes de junio, establece que el lapso para la presentación del acto conclusivo pasó de 96 horas a 10 días.
Explicó que el Ministerio Público contará con seis días adicionales para recabar las pruebas que sustenten las investigaciones.
Igualmente destacó que en aquellos casos donde los niños, niñas y adolescentes son los agraviados, los especialistas de la Unidad Técnica Especializada de Atención Integral a Mujeres, Niñas, Niños y Adolescentes del Ministerio Público realizan un abordaje psicosocial, cuyos resultados son presentados ante el tribunal que lleva el caso para su respectiva decisión sobre la responsabilidad de la persona (adulto) que cometió el delito.
Por otra parte, Escalona manifestó que de acuerdo a la mencionada reforma, cuando un niño sea menor de 14 años y se encuentre incurso en un hecho punible, solo se le aplicarán medidas de protección, que serán dictadas por el Consejo de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes.
Actividades formativas en Los Roques
Por su parte, el subdirector de Protección Integral de la Familia, Pedro Meléndez, destacó que en el mes de junio dictó charlas sobre prevención de violencia escolar a más 90 estudiantes de la Escuela Bolivariana del Gran Roque, ubicada en el archipiélago de Los Roques.
En este sentido, el alto funcionario indicó que estuvo acompañado por el jefe de la Unidad Técnica Especializada de Atención Integral a Mujeres, Niños, Niñas y Adolescentes, Wilfredo Pérez quien habló con los asistentes acerca de “¿Qué es la violencia escolar?”, sus consecuencias y el rol de las instituciones educativas frente a estos casos.
Área social
En el área social, la directora de esa dependencia, María Alejandra Vásquez dijo que se han realizado más de 50 actividades a escala nacional, entre ellas charlas dictadas por los fiscales sobre diferentes temas como el sistema penal de responsabilidad de adolescentes, deberes y derechos de niños y jóvenes, prevención de abuso sexual y maltrato infantil. La finalidad es promover la sana convivencia en las comunidades.
