San José, Costa Rica, 09 de septiembre de 2015.- La Corte Interamericana celebró del 31 de agosto al 4 de septiembre de 2015 su 110 Período Ordinario de Sesiones en San José, Costa Rica. En el marco de éste, se dictaron cuatro sentencias y cinco resoluciones, así como se celebraron dos audiencias sobre Supervisión de Cumplimiento de Sentencia, entre otros.
1. Sentencias
La Corte emitió las siguientes sentencias, que serán notificadas próximamente:
Caso González Lluy (TGGL) y familia Vs. Ecuador
El caso se relaciona con la presunta responsabilidad internacional del Estado por la supuesta afectación a diversos derechos, entre ellos la vida digna e integridad personal de Talia González Lluy, como consecuencia del contagio con VIH tras una transfusión de sangre que se le realizó el 22 de junio de 1998, cuando tenía tres años de edad.
b. Caso Comunidad Campesina de Santa Bárbara Vs. Perú
El caso se relaciona con la alegada desaparición forzada de 15 personas pertenecientes, en su mayoría, a dos familias y entre las que se encontraban siete niños y niñas de entre ocho meses y siete años de edad. Estos hechos presuntamente fueron cometidos por miembros del Ejército peruano y habrían tenido lugar el 4 de julio de 1991 en la comunidad de Santa Bárbara, provincia de Huancavelica.
c. Caso Maldonado Vargas y otros Vs. Chile
El caso se relaciona con la supuesta responsabilidad internacional de Chile por la alegada denegación de justicia en perjuicio de Omar Humberto Maldonado Vargas, Álvaro Yañez del Villar, Mario Antonio Cornejo Barahona, Belarmino Constanzo Merino, Manuel Osvaldo López Ovanedel, Ernesto Augusto Galaz Guzmán, Mario González Rifo, Jaime Donoso Parra, Alberto Salustio Bustamante Rojas, Gustavo Raúl Lastra Saavedra, Víctor Hugo Adriazola Meza e Ivar Onoldo Rojas Ravanal; derivada de la supuesta falta de investigación de oficio y diligente de los hechos de tortura sufridos por las presuntas víctimas en el marco de la dictadura militar. Por otra parte, se alega que al rechazar los recursos de revisión y reposición interpuestos contra las condenas dictadas por tribunales militares en 1974, en el marco de un proceso que tomó en cuenta pruebas obtenidas bajo tortura, el Estado chileno incumplió su obligación de ofrecer un recurso efectivo a las presuntas víctimas.
2. Resoluciones de Supervisión de Cumplimiento de Sentencias
La Corte dictó resoluciones de supervisión de cumplimiento de sentencias en los casos Fontevecchia y D’Amico Vs. Argentina, Masacre de La Rochela Vs. Colombia, Defensor de Derechos Humanos y otros Vs. Guatemala, De La Cruz Flores Vs. Perú y Familia Barrios Vs. Venezuela. Estas resoluciones serán notificadas próximamente.
3. Audiencias de Supervisión de Cumplimiento de Sentencias
El 3 de septiembre de 2015 la Corte celebró dos audiencias de supervisión de cumplimiento de sentencias. Dichas audiencias tuvieron como objeto recibir de parte del Estado información actualizada y detallada sobre el cumplimiento de las medidas de reparación ordenadas en las sentencias que se encuentran pendientes de acatamiento, y escuchar las observaciones de los representantes de las víctimas y de la Comisión. Asimismo, el Tribunal escuchó a la Defensora de los Habitantes de la República de Costa Rica sobre el cumplimiento de las garantías de no repetición ordenadas en el presente caso, como otra fuente de información distinta a la que brinda el Estado en su carácter de parte en este proceso, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 69.2 del Reglamento del Tribunal.
a. Caso Artavia Murillo y otros (“Fecundación In Vitro”) Vs. Costa Rica
En esta audiencia pública se supervisaron las medidas de reparación las relativas a: i) adoptar las medidas apropiadas para que quede sin efecto la prohibición de practicar la Fecundación In Vitro en Costa Rica; ii) regular los aspectos necesarios para su implementación, así como establecer sistemas de inspección y control de calidad de las instituciones o profesionales calificados que desarrollen este tipo de técnica de reproducción asistida; iii) incluir la disponibilidad de la FIV dentro de sus programas y tratamientos de infertilidad en su atención de salud, e iv) implementar programas y cursos permanentes de educación y capacitación en derechos humanos, derechos reproductivos y no discriminación, dirigidos a funcionarios judiciales de todas las áreas y escalafones de la rama judicial.
Acceda a la sentencia del caso Artavia Murillo y otros (“Fecundación In Vitro”) Vs. Costa Rica dictada por la Corte el 28 de noviembre de 2012, en el siguiente enlace:
Puede ver la audiencia en el siguiente enlace: https://vimeo.com/album/3554165
b. Conjunta para los Casos Boyce y otros y DaCosta Cadogan, ambos en contra de Barbado
En esta audiencia privada se supervisaron, entre otras medidas de reparación, las relativas a: i) “adoptar […] medidas legislativas o de otra índole necesarias para garantizar que la imposición de la pena de muerte no vulnere los derechos y libertades garantizados en la Convención”, y específicamente que no sea impuesta como pena obligatoria para el delito de homicidio; y ii) “adoptar aquellas medidas legislativas o de otra índole que sean necesarias para […] eliminar el efecto del artículo 26 de la Constitución de Barbados” que dispone una “cláusula de exclusión” de impugnabilidad o revisión de constitucionalidad de las leyes promulgadas antes de la entrada en vigencia de la Constitución (30 de noviembre de 1966).
Acceda a las sentencias en los siguientes enlaces:
- Sentencia del caso Boyce y otros Vs. Barbados dictada por la Corte el 20 de noviembre de 2007:http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_169_esp.pdf
- Sentencia del caso DaCosta Cadogan dictada por la Corte el 24 de septiembre de 2009http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_204_esp.pdf
4. Condecoración y firma de convenios
El 1 y 3 de septiembre de 2015 la Corte Interamericana firmó convenios de colaboración, respectivamente, con la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Nuevo León, México y el Tribunal Superior de Justicia del Estado de Durango de México. Dicho convenios tienen como objeto desarrollar distintas actividades académicas y jurídicas, tales como, entre otras, organizar y ejecutar eventos de capacitación, como congresos, seminarios, conferencias, foros académicos, coloquios, simposios y realizar investigaciones jurídicas conjuntas sobre temas relacionados con el derecho internacional de los derechos humanos.
En la firma de ambos convenios estuvieron presentes el Presidente de la Corte Interamericana, Juez Humberto Antonio Sierra Porto, el Juez Eduardo Ferrer MacGregor y el Secretario Pablo Saavedra Alessandri.
Asimismo, por la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Nuevo León, estuvo presente en la sede del Tribunal su Presidenta, Minverva Martínez Garza, Sandra Villarreal Arteaga, junto con SandraVillarreal Arteaga de la Universidad Autónoma de Nuevo León y Laura Neli García Barboza.Igualmente, en representación del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Durango de México, acudieron a la sede de la Corte Interamericana Apolonio Betancourt Ruíz, Magistrado Presidente; Juan Pablo Betancourt Rodríguez, Secretario de Estudio y Cuenta; Magda Susana Pacheco Rodríguez, Titular de la Primera Ponencia de la Sala Civil Colegiada; Patricia E. Fernández Ayala, Rectora de la Universidad Judicial; Bertha Cristina Orrante Rojas, Consejera de la Judicatura; Arturo Jauregui Torres; Juez de Primera Instancia; Manuel Valadez Díaz, Secretario General y de Acuerdos del Pleno; Juan Manuel Lira Gallegos, Secretario Ejecutivo del Pleno, Carrera Judicial y Disciplina del Consejo de la Judicatura
Por otro lado, el 2 de septiembre de 2015 la Comisión de Asuntos Americanos de la Unión Internacional del Notariado Latino entregó una condecoración a la Corte Interamericana. El Presidente de dicha Comisión, Álvaro Rojas Charry, junto con los Vicepresidentes Juan Hernando Muñoz y Eduardo Durán Gómez entregaron dicha condecoración al Presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Juez Humberto Antonio Sierra Porto. Estuvieron presentes los jueces Manuel Ventura Robles, Diego García-Sayán, Alberto Pérez Pérez, Eduardo Ferrer MacGregor y el Secretario Pablo Saavedra Alessandri.
5. Revisión de casos y asuntos pendientes, así como de cuestiones administrativas.
Asimismo, la Corte examinó diversos casos, medidas provisionales y cumplimiento de sentencias que se encuentran bajo su conocimiento y, a su vez, analizó cuestiones administrativas.
La composición de la Corte para este período de sesiones fue la siguiente: Humberto Antonio Sierra Porto (Colombia), Presidente; Roberto F. Caldas (Brasil), Vicepresidente; Manuel E. Ventura Robles (Costa Rica); Diego García-Sayán (Perú); Alberto Pérez Pérez (Uruguay); Eduardo Vio Grossi (Chile), y Eduardo Ferrer Mac-Gregor Poisot (México).
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El presente comunicado fue redactado por la Secretaría de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, por lo que es de responsabilidad exclusiva de la misma.
