La Comisión Europea tiene ya listo el primer castigo a grandes empresas por haberse beneficiado de un esquema fiscal considerado abusivo. La autoridad de Competencia anunciará mañana miércoles multas a Starbucks en Holanda y Fiat en Luxemburgo por haberse ahorrado facturas millonarias de impuestos en la UE gracias al traje a medida que le proporcionaron los Gobiernos de esos países, según una información adelantada por el diario británico Financial Times y que confirman a EL PAÍS fuentes comunitarias.
La sanción a estas dos empresas constituye la primera fase de un proceso que implica a más compañías. Además de Starbucks y Fiat, Bruselas investiga formalmente a Apple y a Amazon en Irlanda, así como todo el entramado fiscal para grandes firmas en Bélgica. Y más allá de esas investigaciones formales, la comisaria de Competencia, Margrethe Vestager, ha pedido datos adicionales a un buen número de países –entre ellos España- para determinar si los generosos marcos fiscales que ofrecen a sus compañías (tax rulings, por su denominación inglesa) resultan selectivos y, por tanto, violan la libre competencia.
Consciente del impacto de estas medidas en los Estados que dieron vía libre a los trajes fiscales a medida, Vestager ha mantenido contactos con los Gobiernos afectados. La semana pasada se reunió con el ministro de Economía de Holanda (país que ha permitido a Starbucks tributar al mínimo) y presidente del Eurogrupo, Jeroen Dijsselbloem, según ha podido saber este diario. Las fuentes consultadas revelan también presiones de Estados Unidos, país del que provienen muchas de las multinacionales beneficiarias de estos esquemas.Aunque no está clara la magnitud de las multas que impondrá mañana la Comisión –el diario británico habla de menos de 30 millones de euros en el caso de la estadounidense Starbucks y de más penalización a la rama financiera de Fiat en Europa—, la decisión busca sentar un precedente para disuadir a Gobiernos y grandes firmas de acordar estos tax rulings más que asfixiar con la sanción.
Pese a que el Ejecutivo comunitario ya seguía la pista a algunas de estas prácticas, fue la revelación periodística Luxleaks, que desveló cientos de acuerdos fiscales ventajosos brindados por Luxemburgo para que las compañías fijasen su sede fiscal allí a cambio de reducir casi completamente su factura fiscal, la que ofreció el grueso del material a Bruselas. La posibilidad que tienen las sociedades de hacer todo tipo de transferencias entre filiales les permite eliminar o reducir al mínimo la tributación en los territorios de mayores gravámenes para pagar impuestos en países con fiscalidad más ventajosa. Como resultado de esas prácticas, casi todos los países se han lanzado a una competencia fiscal consistente en ofrecer a las compañías un pago de impuestos muy reducido para que al menos se queden en el país y las arcas públicas se beneficien mínimamente de su actividad.
Bruselas considera que en principio los acuerdos fiscales con empresas no tienen por qué ser ilegales. Solo lo son si resultan selectivos porque entonces impiden a otras compañías competir en igualdad de condiciones. La línea que separa ambas prácticas es, en todo caso, muy tenue, ya que la mayoría de tax rulings son, por definición, selectivos al aplicarse a unas empresas y no a otras.
Las consecuencias de multar a las compañías resultan, además, paradójicas. Porque los Estados bordean la legalidad –o la transgreden, como en estos dos casos- al permitir a las compañías una carga tributaria excesivamente baja, pero, a la postre, son ellos quienes cobran la sanción que se les impone a las empresas beneficiaras de esos esquemas. Así que no arriesgan nada al promover acuerdos que conculcan las reglas de la competencia
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