La relatora Especial para la Independencia de Jueces y Abogados, Gabriela Knaul (Brasil), expresó su preocupación por "la efectiva imparcialidad" que el juicio seguido en contra de la jueza María Lourdes Afiuni pueda tener, así como el disfrute de todas las garantías judiciales y demás elementos que puedan asegurar que su causa sea efectivamente seguida conforme a Derecho, sin que medien intereses políticos.
Advirtió que en Latinoamérica se ha dado en sectores judiciales el denominado “efecto Afiuni”, por el terror que existe en jueces de Venezuela de que “si no deciden sus causas conforme a los designios del poder político, pueden correr con la misma suerte de la jueza”.
Lea a continuación el texto completo:
Esta semana, durante las sesiones del Consejo de Derechos Humanos de la ONU celebradas en Ginebra, se han recibido los informes de varios relatores temáticos, entre los cuales se estuvo destacó el presentado por la jueza Gabriela Knaul (Brasil), Relatora Especial para la Independencia de Jueces y Abogados. Se trata del segundo informe anual presentado al Consejo por esta Relatora desde que fue nombrada en junio de 2009. Dichos informes están disponibles en la página web de la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos (www.ohchr.org).
La parte temática del informe de la Relatora se refiere este año a la relación entre enfoque de género y administración de justicia en el mundo, los obstáculos para el acceso de las mujeres a la justicia y la “feminización” de la pobreza.
La segunda parte del informe está dedicada a presentar un informe de los casos individuales, acciones urgentes y comunicaciones dirigidas a diversos gobiernos, incluidos diversos ataques a jueces y abogados. En ésta parte se da cuenta de la comunicación que con carácter urgente fue dirigida al Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela el 1 de abril de 2010 por la Relatora para la Independencia de Jueces y Abogados y el Relator Especial sobre las Ejecuciones Arbitrarias, con relación a la detención y el proceso seguido contra la jueza María Lourdes Afiuni.
El Gobierno de Venezuela respondió dicha comunicación con argumentos que fueron reiterados verbalmente en las sesiones del Consejo de Derechos Humanos, alegando que la información sobre los ataques sufridos por la jueza en prisión (Inof) era falsa, y argumentando que se le ha respetado el debido proceso. Además de ello, el Estado alegó en relación a las menciones injuriosas proferidas en contra de la jueza Afiuni por parte del Presidente Chávez, que “son muestra de su claro compromiso por la erradicación de la corrupción”.
Al respecto, la Relatora formuló una serie de comentarios y observaciones entre los cuales destaca la reiteración de su “especial preocupación por el contexto de crecientes críticas y denuncias por ataques a la independencia del Poder Judicial en Venezuela”. Al respecto hizo referencia a lo que en sectores judiciales en Latinoamérica se ha denominado como el “efecto Afiuni”, aludiendo al terror que existe en jueces de Venezuela, de que “si no deciden sus causas conforme a los designios del poder político, pueden correr con la misma suerte de la jueza Afiuni”.
En tal sentido, la Relatora expresó que continúa preocupada por “la efectiva imparcialidad que el juicio seguido en contra de Afiuni Mora pueda tener, así como el disfrute de todas las garantías judiciales y demás elementos que puedan asegurar que su causa sea efectivamente seguida conforme a Derecho, totalmente despegado de cuestiones o intereses políticos”.
La Relatora expresó su alarma por la justificación hecha por el Gobierno de las expresiones del Presidente de la República, ya que las mismas representan una “intromisión en la función jurisdiccional y una sentencia condenatoria anticipada”.
Finalmente la Relatora recordó al Gobierno de Venezuela que una característica sine qua non del estado de Derecho es, precisamente, la independencia de los poderes estatales.
Advirtió que en Latinoamérica se ha dado en sectores judiciales el denominado “efecto Afiuni”, por el terror que existe en jueces de Venezuela de que “si no deciden sus causas conforme a los designios del poder político, pueden correr con la misma suerte de la jueza”.
Lea a continuación el texto completo:
Esta semana, durante las sesiones del Consejo de Derechos Humanos de la ONU celebradas en Ginebra, se han recibido los informes de varios relatores temáticos, entre los cuales se estuvo destacó el presentado por la jueza Gabriela Knaul (Brasil), Relatora Especial para la Independencia de Jueces y Abogados. Se trata del segundo informe anual presentado al Consejo por esta Relatora desde que fue nombrada en junio de 2009. Dichos informes están disponibles en la página web de la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos (www.ohchr.org).
La parte temática del informe de la Relatora se refiere este año a la relación entre enfoque de género y administración de justicia en el mundo, los obstáculos para el acceso de las mujeres a la justicia y la “feminización” de la pobreza.
La segunda parte del informe está dedicada a presentar un informe de los casos individuales, acciones urgentes y comunicaciones dirigidas a diversos gobiernos, incluidos diversos ataques a jueces y abogados. En ésta parte se da cuenta de la comunicación que con carácter urgente fue dirigida al Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela el 1 de abril de 2010 por la Relatora para la Independencia de Jueces y Abogados y el Relator Especial sobre las Ejecuciones Arbitrarias, con relación a la detención y el proceso seguido contra la jueza María Lourdes Afiuni.
El Gobierno de Venezuela respondió dicha comunicación con argumentos que fueron reiterados verbalmente en las sesiones del Consejo de Derechos Humanos, alegando que la información sobre los ataques sufridos por la jueza en prisión (Inof) era falsa, y argumentando que se le ha respetado el debido proceso. Además de ello, el Estado alegó en relación a las menciones injuriosas proferidas en contra de la jueza Afiuni por parte del Presidente Chávez, que “son muestra de su claro compromiso por la erradicación de la corrupción”.
Al respecto, la Relatora formuló una serie de comentarios y observaciones entre los cuales destaca la reiteración de su “especial preocupación por el contexto de crecientes críticas y denuncias por ataques a la independencia del Poder Judicial en Venezuela”. Al respecto hizo referencia a lo que en sectores judiciales en Latinoamérica se ha denominado como el “efecto Afiuni”, aludiendo al terror que existe en jueces de Venezuela, de que “si no deciden sus causas conforme a los designios del poder político, pueden correr con la misma suerte de la jueza Afiuni”.
En tal sentido, la Relatora expresó que continúa preocupada por “la efectiva imparcialidad que el juicio seguido en contra de Afiuni Mora pueda tener, así como el disfrute de todas las garantías judiciales y demás elementos que puedan asegurar que su causa sea efectivamente seguida conforme a Derecho, totalmente despegado de cuestiones o intereses políticos”.
La Relatora expresó su alarma por la justificación hecha por el Gobierno de las expresiones del Presidente de la República, ya que las mismas representan una “intromisión en la función jurisdiccional y una sentencia condenatoria anticipada”.
Finalmente la Relatora recordó al Gobierno de Venezuela que una característica sine qua non del estado de Derecho es, precisamente, la independencia de los poderes estatales.
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