Trabajadores de Globovisión y representantes del Colegio Nacional de Periodistas (CNP) brindaron sus visiones acerca de la sanción impuesta al canal y explicaron cómo se tomaron las decisiones al momento de transmitir los hechos ocurridos en la cárcel del Rodeo durante el mes de junio, por los que se impone la multa en contra de la planta televisiva.
El consultor jurídico de Globovisión, Ricardo Antela, se refirió a las acusaciones legales que se hicieron contral el canal, para justificar la sanción impuesta por Conatel el pasado martes.
Entre otras cosas, Antela explicó que la sanción insinúa que "toda la cobertura que hizo Globovisión era con la finalidad última de dar un golpe de Estado al Gobierno".
"Hasta el momento el Gobierno había sido enfático en acusar a los directivos, mas no a los periodistas. En esta resolución por primera vez se acusa directamente a los periodistas", expresó el asesor legal del canal. A los periodistas se les acusa, en esta oportundiad, de "negligencia" al darle cobertura a los hechos ocurridos en la cárcel del Rodeo.
Hernán Lugo, secretario de la seccional Caracas del CNP, lamentó que desde el Estado "se pretenda tutelar la información".
Recordó que los periodistas deben someterse al mandato de la Constitución y del Código de Ética del Periodista.
Lugo explicó que la sanción de Conatel "no es una cuestión exclusivamente administrativa. Por primera vez se le dictan líneas a los periodistas" en cuanto al contenido que puede ser publicado.
El reportero de Globovisión Dereck Blanco, quien cubrió parte de los hechos ocurridos durante el mes de junio en el Rodeo, indicó que la decisión de emitir informaciones sobre lo que ocurría se tomó de manera responsable. "En ningún momento dimos credibilidad a lo que nos decían los familiares", aseguró.
Asdrúbal Sequera, director del canal que estuvo a cargo de la transmisión de las emisiones de los hechos del Rodeo, aseguró que en Globovisión se tienen muchos filtros en la información.
Sequera explicó que antes de publicar cualquier información se verifican las fuentes, se consulta a los abogados y se comprueba que hay credibilidad en cuanto a las declaraciones emitidas.