El Ministerio Público logró privativa de libertad para tres directivos de la Gobernación del estado Táchira por presuntamente estar vinculados con hechos de corrupción ocurridos entre julio y diciembre de 2011.
En la audiencia de presentación, el fiscal 23º de esa jurisdicción, Jean Carlos Castillo, imputó a la tesorera general del estado Táchira, Alix Debia; al director de presupuesto, José Manuel Valladares; y a la directora de finanzas, Elsi Márquez de Peña, por la presunta comisión de los delitos de peculado doloso propio continuado, fraude informático continuado y asociación para delinquir.
Los referidos delitos se encuentran previstos y sancionados en las leyes Contra la Contra la Corrupción, Contra los Delitos Informáticos y Orgánica Contra la Delincuencia Organizada.
Luego de evaluar los elementos de convicción expuestos por el fiscal, el Tribunal 2º de Control de Táchira dictó medida privativa de libertad para las tres personas, quienes permanecerán recluidas en la sede de la policía regional, mientras se presenta el acto conclusivo en el lapso reglamentario.
También está involucrado el director de personal de la Gobernación
Vale mencionar que por este caso, también se encuentran privados de libertad el director de personal de la Gobernación del Táchira, Felipe Montilla, y el analista de nómina, Pedro Celis Duarte, quienes se encuentran imputados por los delitos antes mencionados.
La investigación del caso se inició el pasado 13 de febrero, en virtud de una denuncia interpuesta ante el MP en la que se señala que entre julio y diciembre de 2011 habrían ocurrido irregularidades vinculadas con la cancelación de los pasivos laborales de los funcionarios que allí laboran.
Luego de varias diligencias realizadas por el MP, se logró constatar que dicha cancelación también habría sido realizada a terceras personas ajenas a la Gobernación.
Se presume que la afectación al patrimonio público por este hecho es de 3.800.000 bolívares fuertes, aproximadamente.
El pasado 18 de febrero fueron detenidos Debia, Valladares y Márquez por funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalistas, en San Cristóbal, tras la orden de aprehensión solicitada por el MP y acordada por el Tribunal 2º de Control de esa jurisdicción.
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