La imagen era insólita. Los cinco máximos responsables del equipo económico del Gobierno argentino comparecieron juntos por primera vez el 7 de mayo para presentar un proyecto de blanqueo de dinero. O como se bautizó oficialmente, un plan de “exteriorización de capitales”. La cuestión era simple: hay demasiados dólares no declarados en manos de argentinos. Y el Gobierno pretende que una parte de ese dinero se invierta en viviendas o energía, léase YPF.
Dado que en 2008 el Gobierno de Cristina Fernández había conseguido que se blanquearan 4.000 millones de dólares (2.950 millones de euros) parecía razonable pensar que en los tres meses que van desde julio a septiembre se podía alcanzar la misma cifra. Cada amnistía fiscal es única, con sus palos y zanahorias particulares. Ésta, por ejemplo, es muy distinta de la que impulsó el Gobierno de España en 2012, donde por cada euro que se blanqueara el Gobierno retendría diez céntimos. El Ministerio de Hacienda logró recaudar 1.200 millones. La cifra fue decepcionante —solo se consiguió el 48% de lo previsto— pero resultó un éxito comparado con lo que ha ocurrido en Argentina, donde solo han aflorado 379 millones de dólares (279 millones de euros), menos de un 10% del objetivo. Y eso a pesar de que no había sanciones y el Gobierno abonaba un interés del 4% para quien comprara bonos del sector energético. ¿Qué pasó, entonces?
“Falló la confianza”, señala la economista Marina Dal Poggetto, de la consultora Bein y Asociados. “Por eso, deben hacerse al inicio de la gestión de un Gobierno y no ahora, cuando el modelo económico ha llegado al tope de sus posibilidades de crecimiento. Además, es muy difícil que la gente regularice sus dólares en un país que tiene cepo cambiario [límites a la adquisición de dólares] y una gran brecha cambiaria [diferencia entre el precio oficial del dólar y el del mercado paralelo]”.
Aquel 7 de mayo los cinco altos cargos económicos del país quisieron infundir una imagen de unidad. Sin embargo, la puesta en escena no parecía muy creíble. En el centro de la mesa se situó el ministro de Economía, Hernán Lorenzino, quien, a pesar de su cargo, es uno de los que menos poder tiene entre los cinco. Lorenzino ha procurado rehuir la palabra inflación; una inflación que el Gobierno estima en un 10% y las consultoras privadas sitúan alrededor del 24%. Los convenios salariales, por cierto, se fijaron este año con un aumento del 24%. Dos semanas antes de presentar el proyecto de blanqueo, un canal griego difundió una entrevista en la que una periodista preguntaba al ministro de Economía cuál era la inflación en esos momentos y Lorenzino respondió mirando a su jefa de prensa: “¿Puedo cortar esto? (…) Me quiero ir. Y además, hablar sobre las estadísticas de inflación en Argentina es complejo. ¿OK?”.
Si se trataba de infundir confianza y credibilidad, aquella entrevista que dio la vuelta al mundo no fue la mejor ayuda. En la esquina derecha de la mesa se sentaba el verdadero hombre fuerte de la Economía argentina,Guillermo Moreno. Su cargo de secretario de Comercio es una mera formalidad que no aporta indicios sobre su poder real. Moreno fue quien impulsó a finales de 2011 las restricciones a la importación y es ahora el gran promotor del blanqueo. Además, fue el artífice en 2007 de la intervención del Indec, el instituto estadístico que mide la inflación y el crecimiento. Moreno multó a varias consultoras privadas que publicaban subidas de precio distintas de las oficiales. Y a consecuencia de aquellas multas, el 17 de septiembre fue procesado por un juez que le imputó el delito de abuso de autoridad. Si se trata de infundir confianza en los mercados, eso tampoco ayuda.
Entre Moreno y el ministro Lorenzino se sentó Axel Kicillof, viceministro de Economía, el principal promotor de la expropiación a Repsol del 51% de sus acciones en YPF. Kicillof fundó el Centro de Estudios para el Desarrollo Argentino (Cenda), que a partir de 2008 denunció la intervención de las estadísticas en 2007 por parte de Moreno. Pero desde que se incorporó en 2009 al Gobierno Kicillof dejó de criticar la manipulación de las cifras.
A la izquierda de Lorenzino se sentaba la presidenta del Banco Central, organismo que ha visto en septiembre cómo se han despeñado sus reservas de dólares hasta los 35.231 millones, el nivel más bajo desde marzo de 2007. Y a la derecha de Marcó del Pont se sentaba Ricardo Echegaray, el máximo responsable de la inspección tributaria en Argentina. En los mercados se comentaba que Echegaray y Moreno, cada uno en una punta de la mesa, tienen opiniones muy dispares sobre el manejo de la economía. Pero aquel día, aparentemente, se mostraron unidos.
Las semanas pasaban y los defraudadores de impuestos no se animaban a blanquear sus dólares. Y por fin, el domingo 29 de septiembre por la noche, un día antes de que expirase el plazo para aflorar las divisas, ocurrió algo nada frecuente en el Gobierno. Ricardo Echegaray, el titular del órgano tributario, admitió abiertamente el fracaso: "Es muy probable que el lunes la presidenta Cristina Kirchner anuncie que no se prorrogará el blanqueo. Le recomendé a la presidenta que no extienda el plazo para adherir. Fue una medida que no dio el resultado que esperábamos (…). Creo que adhirieron aquellos que estaban muy al límite de ser detectados por el fisco”.
Quedaba por ver si la presidenta iba a mantenerla o enmendarla. Llegó la mañana del lunes 30 de septiembre, transcurrió la tarde y sobrevino la noche sin que Fernández dijera una palabra. Pero al día siguiente, el Boletín Oficial del Estado anunció una prórroga de tres meses en la “exteriorización de capitales”. Y el miércoles, Axel Kicillof dijo que la medida del blanqueo había sido “tremendamente acertada” y que él aconsejó a la presidenta que prorrogase la medida. Guillermo Moreno ganó la batalla interna. Pero perdió él y perdió el Gobierno la que verdaderamente importaba. Las reservas del Central siguen en declive y los evasores de divisas se resisten a morder el anzuelo EL PAIS
