México tomará medidas para atenuar la crisis humanitaria provocada por el creciente flujo migratorio de menores no acompañados hacia el norte. El país signó, junto al resto de naciones de Norteamérica (Estados Unidos y Canadá) y los integrantes del Triángulo del Norte (Honduras, Guatemala y El Salvador), una declaración extraordinaria en la XIX Conferencia Regional de Migración. El documento invita a proteger los derechos humanos de los niños en su recorrido, desmantelar las mafias de traficantes de personas y desplegar campañas mediáticas para acabar con el rumor que desató el éxodo de los más pobres con la falsa promesa de ser legalizados al llegar a suelo estadounidense.
“Estaremos más vigilantes en la frontera sur”, señaló Mercedes Guillén, subsecretaria de migración en la Secretaría de Gobernación (Ministerio del Interior). Guillén representó a México en la conferencia celebrada en Managua. La funcionaria reconoció que para el Gobierno el fenómeno de los niños migrantes ha sido difícil de detectar. “Es prácticamente invisible porque los tratantes de personas ni siquiera pasan por los albergues normales, operados por la sociedad civil”, dijo.
A pesar de esto, las cifras de las autoridades reflejan el problema. En lo que va de 2014 más de 10.500 menores han sido “rescatados” por agentes del Instituto Nacional de Migración (INM). La cifra representa un aumento del 7.4% si se compara al total de casos registrado en 2013 (9.727). La Secretaría de Gobernación calcula que el año se cerrará con 16.000 niños no acompañados detenidos, una cifra histórica.
México ha aportado poco a esta crisis humanitaria a pesar de ser uno de los países que históricamente más personas ha expulsado a Estados Unidos. “El 60% corresponde a hondureños, guatemaltecos y salvadoreños”, explica Guillén. Washington había señalado en una carta abierta que “la violencia generada por las drogas y las pandillas aterrorizan a la sociedad” de estos países, lo que ocasionó la huida de muchos. Tan solo en el mes de mayo 9.000 menores llegaron a Estados Unidos. La cifra ya ronda los 47.000.
El Gobierno de Barack Obama está preocupado por la porosa frontera sur de México, el principal punto de entrada para los centroamericanos. Anthony Wayne, el embajador de Estados Unidos en el país, viajó el pasado 26 de junio a Tapachula, Chiapas para conocer de primera mano la aduana de cristal por la que transitan 400.000 indocumentados cada año. El diplomático visitó el centro de detención Siglo XXI, el más grande del país, para observar las condiciones de aquellos que han caído ahí tras fracasar en su anhelo de vivir el sueño americano.
. “No estamos optando de ninguna manera por el cierre de frontera, pero sí vamos por un ordenamiento de los flujos migratorios”, afirmó Guillén. El Gobierno de Enrique Peña Nieto, dijo, se encuentra trabajando “sobre todo con Guatemala y Belice” para dar orden a la migración. “La idea es tener la información biométrica de ellos para facilitar el tránsito”, aseguró. En los próximos días el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio, presentará los detalles del programa Paso Seguro, que estará orientado a regular estos fenómenos
La subsecretaria reveló que México también ha comenzado a intercambiar información de inteligencia con Honduras y El Salvador para desarticular las bandas de traficantes que prometen a las familias llevar a los menores a suelo estadounidense por un pago que oscila entre los 5.000 y 7.000 dólares.
En la reunión celebrada en Managua, todos los países se comprometieron a “proporcionar información precisa” que desmienta los rumores propagados por traficantes de personas para incentivar la migración irregular. Los países miembros de la conferencia divulgarán campañas en los medios para comunicar “los peligros del viaje y la falta de disponibilidad de los permisos para los que llegan a Estados Unidos”. La declaración extraordinaria, sin embargo, también señala que “algunos” de estos niños y adolescentes “pueden obtener la condición de refugiado” tras los procesos que sean necesarios para determinarlo.EL PAIS
