Al menos cuatro personas resultaron heridas de gravedad por una pelea en la cárcel colombiana de San Sebastián de Ternera, situada en la ciudad de Cartagena (norte), confirmaron fuentes oficiales.
La reyerta se produjo por un enfrentamiento entre bandas que se disputan el control de uno de los patios del centro penitenciario.
Esta semana se han multiplicado los problemas en ese patio por los enfrentamientos, por lo que el número de personas heridas podría ser mayor, según las fuentes.
Los heridos han sido trasladados a un centro hospitalario, lo que para Irina Junieles, defensora del pueblo en el departamento de Bolívar, del que forma parte Cartagena, "indica que su situación es compleja".
Junieles comentó a Efe en una entrevista telefónica que "uno de ellos está en estado más crítico" y ha tenido que ser sometido a una intervención quirúrgica.
Asimismo, denunció que la cárcel tiene un hacinamiento superior al 100 %, ya que está diseñada para albergar a 1.200 internos y hoy da cobijo a 2.500.
Concretamente en el patio 4, en el que sucedió la reyerta, cohabitan 583 presos cuando "debería haber menos de la mitad", según la defensora del pueblo.
En este sentido, explicó que desde su oficina han emitido varios informes sobre el centro penitenciario, que fue construido a mediados del siglo XX y está ubicado "entre dos barrios de la ciudad, no extramuros" tal y como estaba planeado originalmente.
La falta de obras de acondicionamiento ha derivado en "problemas de infraestructuras complejos", especialmente en materia de servicios públicos y alcantarillado, explicó Junieles.
Los sindicatos del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) convocaron una huelga a principios de año para reclamar al Gobierno que mejore sus condiciones laborales y que se dé solución a la situación de los presos, que viven hacinados en 130 de las 137 cárceles que hay en Colombia.
Según datos de los sindicatos, el exceso de capacidad ronda el 54 % de media, pero en algunos casos, como el de Cartagena, la sobrepoblación llega al 110 %.
Por su parte, el defensor del pueblo, Jorge Armando Otálora, expresó en noviembre pasado su preocupación por la sobrepoblación que sufren las cárceles y unidades de reacción inmediata que tienen un hacinamiento que llega hasta el 478 % en algunos casos.
EFE
