(Bogotá, 16 de marzo. EFE).- La oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos recomendó hoy al Gobierno colombiano “dar respuesta” a las violaciones de derechos humanos para poder construir una paz duradera a partir de los acuerdos que se logren con los grupos guerrilleros.
En su informe anual sobre Colombia, el organismo internacional señaló que la justicia, la verdad, la reparación y las garantías de no repetición son “una piedra angular en la construcción de una Colombia postconflicto”, en la que no hay cabida para la amnistía por crímenes graves.
El Gobierno y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc) debaten desde agosto pasado en La Habana el punto relativo a las víctimas del conflicto, cuarto de los cinco que componen la agenda de diálogos, pero hasta ahora no han definido el modelo de justicia transicional que se aplicará.
“A fin de avanzar hacia un escenario de postconflicto, Colombia debe desarrollar medidas judiciales y no judiciales para que la sociedad en su conjunto haga frente a las violaciones de los derechos humanos y al derecho internacional humanitario ocurridas en el pasado”, señala una de las once recomendaciones del documento.
En ese sentido, agregó que “el reconocimiento de responsabilidades, el arrepentimiento y las garantías de no repetición y la participación en acciones transformadoras” por parte de quienes han incurrido en crímenes podría dar pie a “medidas de reducción o cumplimiento de penas alternativas” para todas las partes involucradas en más de medio siglo de conflicto armado.
Sin embargo, el documento subrayó que debe tenerse en cuenta “que no es posible la amnistía para el genocidio, los crímenes de lesa humanidad, los crímenes de guerra y otras violaciones de los derechos humanos”.
“Este proceso no puede ser perfecto, pero es importante maximizar los derechos de víctimas y maximizar las transformaciones para evitar violaciones en el futuro”, dijo el representante en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Todd Howland, en la presentación del documento.
El informe recoge en el último año las violaciones a los derechos humanos y al Derecho Internacional Humanitario (DIH), tanto por parte de las Fuerzas Armadas como de las Farc y del Ejército de Liberación Nacional (ELN), pero señala que en 2014 no fueron documentados casos de “falsos positivos”, como se conoce a las ejecuciones extrajudiciales por parte de militares para obtener beneficios de sus superiores.
El funcionario de la ONU explicó que aunque ocurrieron muertes de civiles en episodios confusos con militares, “no todas las ejecuciones extrajudiciales son falsos positivos”, aunque sí son violaciones a los derechos humanos.
“Hoy en día ese sistema de incentivos no existe”, dijo sobre la política que imperó durante el anterior Gobierno, en el que militares asesinaban a civiles a los que presentaban como guerrilleros muertos en combate “para inflar estadísticas”, y esos son los “falsos positivos”.
Por su parte, el consejero presidencial para los Derechos Humanos, Guillermo Rivera, destacó que en los diálogos de La Habana “el centro de gravedad son los derechos de las víctimas” y dijo que “si existe arrepentimiento (por parte de los implicados) se podrán adoptar penas alternativas” como las recomendadas por el informe de hoy.
“Todas las decisiones tienen que partir de la garantía de derechos de las víctimas”, manifestó Rivera, quien citó una frase del presidente colombiano, Juan Manuel Santos, según el cual en los diálogos se buscará “el máximo de justicia que posibilite la paz”.
El informe de la ONU señaló, además, que para que la paz a la que se llegue con las Farc sea sostenible serán necesarios en el país unos “cambios estructurales” basados en los derechos humanos y enfocados en mejoras de la calidad de vida de quienes han sufrido las consecuencias del conflicto armado.
El documento celebró, por ejemplo, la reparación a las víctimas mediante la restitución de tierras de las que fueron despojadas por grupos armados en las últimas décadas, pero advirtió que el éxito de esta política no debe medirse solo por el número de personas beneficiadas sino que debe incluir también el impacto que ha tenido en la transformación de sus vidas.
“Si se restituye unas tierras en una región pero no hay docentes en ese lugar sus hijos (de los beneficiarios) no tienen futuro”, explicó Howland, quien dijo que esta política debe estar acompañada de la instalación de servicios básicos y de garantías de seguridad de que los campesinos que regresan a sus propiedades no van a volver a ser expulsados por grupos armados ilegales.
