La violencia del narcotráfico en Jalisco ha obligado al Gobierno de Enrique Peña Nieto a recuperar las extradiciones de altos capos del narcotráfico, después de haber disminuido el número de presos enviados a otros países para ser juzgados. Arely Gómez, la procuradora (fiscal) general, ha confirmado que pretende extraditar a Estados Unidos a Abigael González, el líder de Los Cuinis, una de las células del Cartel Jalisco Nueva Generación. Este grupo delictivo retó al Estado a inicios de mayo al derribar un helicóptero del Ejército ocasionando la muerte de nueve soldados.
González fue capturado el 28 de febrero en Puerto Vallarta, Jalisco, uno de los bastiones del grupo criminal. Las autoridades creen que es el principal operador financiero para el cartel en Guadalajara, la tercera ciudad más importante de México. El Cuini, como le apodan, es el cuñado de Nemesio Oseguera, el líder de Nueva Generación. En abril, el Gobierno de Estados Unidos había agregado a ambos delincuentes a la lista negra del Departamento del Tesoro. “Lo envían a Estados Unidos porque en México no está acusado de ningún delito”, explicó Javier Oliva, catedrático de la UNAM especializado en seguridad nacional.
Cuando Felipe Calderón comenzó su guerra contra el narcotráfico se dio cuenta de que el Gobierno necesitaba un aliado en Washington. En noviembre de 2009 autoridades de ambos países celebraron una reunión para agilizar las extradiciones. El acuerdo dio resultado. Para finales de su mandato había extraditado a 498 personas, duplicando el envío de presos que tuvo su antecesor, Vicente Fox.El anuncio de la fiscal Gómez rompió una tendencia del Gobierno priista, que había disminuido el envío de capos a Estados Unidos. En los dos primeros años de la Administración de Peña Nieto fueron extraditadas 133 personas, según documentos de la Secretaría de Relaciones Exteriores obtenidos por una petición de transparencia. Solo 45 de ellos fueron enviados al norte por delitos contra la salud.
“Se ha visto una posición pendular”, dice Oliva. El gobierno panista atendía de manera muy expedita las solicitudes de varios países, pero el retorno del PRI cambió la estrategia. El primer procurador de Peña Nieto, Jesús Murillo Karam, redujo la velocidad. En sus dos años al frente de la Fiscalía (fue relevado en el cargo en febrero pasado) envió a 128 acusados a los países que los reclamaban a pesar de haber recibido 198 solicitudes de extradición.
La mayoría de los sujetos fue enviada a Estados Unidos, según documentos de la Procuraduría obtenidos a través de una petición de transparencia. 44 de ellos estaban acusados de delitos contra la salud (narcotráfico) en cortes estadounidenses. Solo uno era considerado un capo de alto nivel. El 21 de noviembre de 2013 Iván Velázquez Caballero, conocido como El talibán y uno de los líderes de Los Zetas, fue entregado a las autoridades del sur de Texas, que lo acusaban de 47 cargos criminales. En el primer día del juicio se declaró “no culpable”.
Joaquín El Chapo Guzmán, el líder del Cartel de Sinaloa, es la captura más emblemática del Gobierno de Enrique Peña Nieto. El fiscal Murillo Karam dijo en varias ocasiones que México preparaba la extradición, lo que llevó a la defensa del narcotraficante a tramitar varios amparos para frenar el proceso. Sin embargo, hasta la fecha, no existe trámite alguno iniciado en la Procuraduría. Su presencia en el país es valiosa. “En este caso es la información que el criminal pueda tener lo que lo mantiene aquí”, afirma Oliva, aunque agrega que el no ser enviado ahora no impide que sea extraditado después.
El experto en seguridad, cercano al PRI, cree que el poroso sistema carcelario también es un factor importante. Las órdenes de los altos capos en prisión, dadas a través de una vertical cadena de mando y transmitidas a abogados y familiares en visitas a la prisión, siguen impactando el mundo exterior criminal. “En el sexenio pasado se vio que enviarlos fuera del país aceleraba la lucha interna de los grupos por el poder. Es lo que pasó con el Cártel del Golfo cuando Osiel Cárdenas fue extraditado. Su presencia física en México podría tener cierta influencia para que las divisiones y fracturas internas no sean precipitadas”.
Servando Gómez, La Tuta, el mediático líder de los Caballeros Templarios, fue detenido a finales de febrero después de vivir varios años a salto de mata. El Departamento de Justicia de Estados Unidos aguarda al antiguo maestro de escuela en su territorio con un extraño honor. Es el primer capo mexicano acusado del delito de narcoterrorismo, configurado en 2006 y usado en contra de talibanes y guerrilleros de las FARC. “Si la petición de la corte de Nueva York se atiende será un hito”, dice Oliva. Al criminal le espera un camino bifurcado. La ruta al norte seria histórica. Quedarse en México significaría para el Gobierno mexicano la obtención de información de un estado con graves problemas de seguridad como Michoacán. La fiscal Arely Gómez decidirá su destino.
EL PAIS
