Apenas cinco días después de hacerse público, la UE pretende poder pactar este lunes el controvertido proyecto de distribuir a 120.000 refugiados entre países miembros. La mayoría de ministros europeos del Interior quieren aprobar una declaración en la que se comprometen a “reubicar a otras 120.000 personas con necesidad de protección internacional desde los Estados miembros expuestos a flujos migratorios masivos”, según el borrador que han analizado este lunes los embajadores de los 28 Estados miembros. El compromiso acaba ahí: el texto elude precisar si se asumirán las cuotas obligatorias, como propone la Comisión Europea, y considera las cifras asignadas a cada país solo “la base para un acuerdo”, algo insuficiente para Alemania. Los ministros deberán decidir esta tarde si respaldan ese borrador o no.
Cuatro Estados —República Checa, Eslovaquia, Rumania y Letonia— aún se oponían con fuerza en la noche del domingo a que los 120.000 figurasen en el documento que deben ratificar los ministros, según quedó patente en esa reunión preparatoria de la cita ministerial. Las posturas se han suavizado en la mañana del lunes, según explican fuentes diplomáticas. Consciente de las resistencias, el presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, telefoneó antes de la discusión a casi todos los escépticos para pedirles su apoyo.
La idea de la presidencia de turno de la UE, ahora en manos de Luxemburgo, es que todos los países acepten los números ya sobre la mesa para aprobarlos formalmente en la próxima cita de ministros (8 y 9 de octubre). En cualquier caso, la medida podría salir adelante por mayoría, sin necesidad de consenso.El resultado es un esbozo de acuerdo limitado que excluye referencias a las cuotas obligatorias. Pero está por ver que todos los contrarios a este esquema —esencialmente, los países del Este y los bálticos— lo acepten. El primer ministro checo, Bohuslav Sobotka, consideró “imposible retractarse” de la negativa a las cuotas. Y Rumania “respeta los compromisos iniciales de recibir a 1.785 inmigrantes y, por supuesto, de votar contra las cuotas obligatorias”, ilustró ante la prensa su ministro del Interior, Gabriel Oprea. Es decir, solo asume el primer cupo asignado por Bruselas en mayo, pero no la cifra adicional de la pasada semana.
Con la sugerencia de acatar los números de la Comisión se pretende evitar un fracaso como el del pasado julio, cuando los países no llegaron a cubrir a los 40.000 reubicados que habían asumido un mes antes porque optaron por un marco voluntario en el que cada uno ofrecía la cuota que juzgaba adecuada. La falta de compromiso de muchos Estados —principalmente España, Austria y el bloque del Este— dejó el ofrecimiento en 32.000, que quedarán hoy ratificados formalmente. Antes de final de año se prevé alcanzar la meta de 40.000. Hasta ahora todavía no hay un solo refugiado en proceso de traslado dentro del marco que ha propuesto Juncker. Fuentes diplomáticas creen que esa distribución podría comenzar en octubre.
Para hacerla posible, hay un elemento fundamental por activar. Se trata de los centros de registro y acogida de extranjeros que los países desde los que se reparten refugiados hacia otros -Italia y Grecia en el esquema de los 40.000 solicitantes de asilo; los dos citados más Hungría en el de 120.000- deben poner en marcha para asegurar el funcionamiento de este proyecto. Los ministros pedirán este lunes "progresos decisivos" en la puesta en marcha de estos centros, en los que expertos de la Comisión y de los países miembros identificarán y registrarán a los migrantes para decidir quién tiene derecho al asilo, quién se reubica y quién debe retornar a su país de origen.EL PAIS
