Durante esta semana las redes sociales se llenaron de comentarios tras conocerse la noticia de que el gobierno de Chile había contratado un servicio para el monitoreo en tiempo real acerca de lo que se diga del presidente Sebastián Piñera y su equipo.
La razón esgrimida desde el Palacio de La Moneda fue que se trataba de una herramienta para conocer mejor lo que la ciudadanía opina de su labor, pero de inmediato surgieron voces en contra denunciando una intromisión, e incluso recordando antiguas prácticas propias del régimen militar.
Las reacciones no se hicieron esperar en Facebook. Y la etiqueta "#gobiernosapo" (que hace alusión a la vigilancia) se transformó en una de las más vistas de Twitter, surgiendo comentarios irónicos como "hace un rato tuiteé en contra del gobierno, y ahora siento helicópteros sobre mi casa ¿Estaré espirituado?".
Incluso el colectivo internacional Anonymous, que se caracteriza por la intervención de sitios web además de su aparición en manifestaciones públicas, anunció que actuaría mediante la "Operación Andes Libre" (que también incluye a Perú) frente a lo que consideró un intento para "callar" a la ciudadanía.
A juicio de este grupo, las redes sociales "son y deberán seguir siendo utilizados para la libre expresión de la gente, no pueden ser usados para censurar, manipular e intimidar; Anonymous no lo permitirá".
¿Contra la libertad?
Parlamentarios de la opositora Concertación se manifestaron en contra de esta medida, e incluso el senador del Partido Socialista Pedro Muñoz pidió a la contraloría general de la República que declarara ilegal el mecanismo, ya que a su juicio se recogerán opiniones que son "datos sensibles", y ello va contra la ley.
"Claramente para la ley las opiniones políticas no pueden ser objeto de tratamiento de ningún tipo, aun cuando provengan de fuentes públicas, y en eso difieren de los datos personales", manifestó el parlamentario.
El gobierno respondió ante la polémica, y el asesor web de la presidencia, Pablo Matamoros, le dijo a BBC Mundo que se va a trabajar sobre información pública que sólo se usará "como termómetro para medir tendencias de opinión sobre determinados temas".
"Algunos se quejan de que los gobiernos no escuchan, entonces, ¿cuál es el problema de que el gobierno escuche activamente la red, sólo recogiendo tendencias de opinión entre personas que libremente las decidan compartir?", planteó.
El acuerdo firmado con la empresa Brandmetric, con un costo de unos US$28.000 al año, incluye la opción de localizar geográficamente a quienes den opiniones a través de Twitter, y eso es visto por sus detractores como un punto delicado.
Sin embargo, en Brandmetric aseguran que esa herramienta es propia de Twitter y que ellos sólo la administran. Además, recalcan que el servicio que le prestarán al gobierno es a través de una aplicación que es una especie de "robot que sale a la web a buscar datos que son públicos".
"El robot no se mete, no crackea, no interviene dentro de tu espacio", indicó a BBC Mundo Sebastián Gumucio, gerente general de Brandmetric, agregando que todo este revuelo es importante para que la población entienda que las redes sociales "cada vez van a tener más poder y eso no tiene vuelta atrás".
Beneficios o no
Según datos del gobierno, en Chile unos siete millones de personas tienen Facebook (lo que representa un 40% de la población) y otros 300.000 usan Twitter.
Para Eduardo Arriagada, experto en redes sociales y académico de la Universidad Católica, la polémica se desató en Chile porque el sistema de adquisición de servicios por parte del Estado es transparente y ello permitió su difusión pública, pero se trata de una actividad común.
"No conozco ningún país del mundo donde el trabajo de monitoreo no exista ya abiertamente, y lo encuentro como un trabajo de inteligencia que demuestra que se están tomando por fin en serio lo que está pasando en estas redes sociales", destacó.
Distinta es la visión de Nicolás Copano, uno de los referentes locales de Twitter, quien dijo a la BBC que este monitoreo es un intento por acortar distancias entre un gobierno "que representa a un grupo determinado de personas en la sociedad" y el resto de la ciudadanía.
"Esto nos confirma las distancias sociales que hay en este país. Ahora, buscar achicar ese puente desde la perspectiva de las redes sociales, donde sólo una minoría consciente activa es la que habla, me parece que es en sí mismo un despropósito", estimó el fundador de la agencia de contenidos de internet El Grupo.
BBC
