Este domingo 1º de abril entrará en vigencia el ajuste aplicado a 19 productos de higiene personal, del hogar, jugos pasteurizados, compotas y agua mineral envasada, cuyos precios máximos de venta al público fueron fijados como parte de laprimera fase de la aplicación de la Ley de Costos y Precios Justos.
Esta normativa busca establecer las regulaciones, así como los mecanismos para mantener la estabilidad de precios y propiciar el acceso a los bienes y servicios, a toda la población en igualdad de condiciones, “en el marco de un modelo económico y social que privilegie los intereses de la población y no del capital”.
Igualmente, la ley se refiere en su exposición de motivos al funcionamiento de los monopolios y su repercución en materia inflacionaria.
“Los abusos flagrantes del poder monopólico de muchos sectores de la economía han originado que la base de acumulación de capital se materialice en los elevados márgenes de ganancia que implica el alza constante de precios, sin ninguna razón más que la explotación directa e indirecta del pueblo”, señala el texto legal.
A partir de este domingo, el precio máximo de venta al púbico debe estar marcado en los siguientes productos: cloro; pañales; lavaplatos líquido, gel y crema; jugo pasteurizado de frutas; papel higiénico; jabón de panela; detergente; jabón de baño, en barra y líquido; desodorante, en barra y líquido; desinfectante; crema dental; compotas; champú; cera para pisos; agua mineral; máquinas de afeitar de dos, tres y cuatro hojillas; toallas sanitarias y protectores diarios, acondicionador para el cabello y suavizante para ropa.
La aplicación de la ley inició con el congelamiento de los precios de los mencionados artículos y el estudio de las estructuras de costos en las empresas productoras, basado en los datos aportados por las mismas.Las bodegas, farmacias, supermercados y demás puntos de ventas, deben colocar en un lugar visible los precios máximos de venta, para que la población esté informada de cuánto cancelarán por el producto de su preferencia.
“En total se fijaron 612 precios correspondientes a 206 presentaciones de 19 artículos de primera necesidad. Si una empresa productora o importadora posee dos ó más marcas de un mismo producto que viene en diferentes presentaciones, les corresponde a ellos fijar los precios, por supuesto, respetando el precio máximo, de allí para abajo pueden costar menos dependiendo de sus características, aclaró la superintendente Nacional de Precios y Costos Justos (Sundecop) Karlín Granadillo.
El precio máximo de venta al público varía dependiendo de las características, empaque y tamaño del artículo.
Estos precios máximos de venta al público no contemplan el Impuesto al Valor Agregado (IVA). “A partir de este domingo los consumidores pagarán este nuevo precio máximo de venta al público, más el Impuesto al Valor Agregado, lo que significa un monto total a pagar”, explicó la Superintendente.
Una providencia publicada en Gaceta Oficial número 39.894 de fecha jueves 29 de noviembre de 2012, establece que el precio máximo de venta al consumidor final, deberá estar impreso, rotulado, inscrito o marcado en forma indeleble y en un lugar visible en el envase, empaque o envoltorio por el productor o importador, para lo cual tendrá plazo hasta el próximo 02 de mayo de 2012.
Ley contra las irregularidades
La Ley de Costos y Precios Justos busca corregir diversas irregularidades del mercado, principalmente la especulación y a usura, a través del establecimiento de márgenes de ganancias proporcionales a las estructuras de costos de bienes y servicios.
Igualmente se pretende erradicar el cobro de Impuesto al Valor Agregado y demás tributos a los consumidores, mediante un porcentaje en el precio del producto, así como las significativas diferencias que pueden observarse en los precios según la ubicación del punto de venta, indicó el intendente de Costos y Precios, William Contreras.
“El pueblo venezolano cada vez que compra un producto, además de pagar su propio tributo, tiene que pagar el impuesto y sostener a las altos directivos de las empresas productoras y comercializadoras. Para esas irregularidades está la Ley de Costos y Precios Justos”, resaltó Contreras en declaraciones a la Agencia Venezolana de Noticias.
Asimismo, el Intendente advirtió que existen empresas en el país que no se rigen por la Ley de oferta y demanda para establecer el precio de los productos, según la cual los artículos que más se expenden deben ser más económicos que aquellos que son menos demandados.
“Muchos empresarios se aprovechan del alto poder adquisitivo de los venezolanos, es decir, mientras más compren, por ejemplo un champú, más caro lo venden”, mencionó Contreras.
Entre otros objetivos del instrumento legal, mencionó que busca lograr que los precios sean marcados de acuerdo a la presentación y al tamaño del producto, también tomando en cuenta el precio unitario. “Por ejemplo, si se compra un paquete de pañales de 10 unidades; cada pañal es más caro que si se compra la presentación de 68 unidades. Este tipo de situaciones se corrigen con la Ley”, aseguró el intendente.
Determinación de precios
Para eliminar dichas irregularidades y contar con nuevas formas de comercialización y distribución, la Sundecop determinó la estructura de costos de los productos de primera necesidad con la información suministrada por las principales empresas importadoras y productoras de los 19 rubros ajustados, entre las que destacan: Procter & Gamble; Colgate-Palmolive; Kimberly Clark; Coca-Cola Femsa Venezuela; Unilever; Alimentos Polar; Pepsi Cola de Venezuela; entre otras.
Posteriormente, se consideraron los gastos de nacionalización, flete y seguro, así como el comportamiento del volumen importado con relación al precio total de importación de todas las presentaciones y tamaños de los artículos.
La determinación de los precios máximos de venta al consumidor, se efectuó mediante “modelos de análisis estadístico, lo cual permitió la identificación de los patrones de precios, los márgenes de comercialización, las productos de mayor rotación o venta según tipo de producto y tipo de establecimiento, las formas de fijación de precios del sector productivo y comercial”, de acuerdo a la información proporcionada por la Sundecop.
Adicionalmente, explica un informe de la referida superiententencia, se estudió cada rubro partiendo de la unidad de medida; forma de presentación del producto; costo de producción (unitario); costo promedio, desviación estándar y precios de venta en los distintos eslabones de la cadena, para determinar en qué puntos se estaban los mayores niveles de especulación y la estructura de precios del mercado.
Para determinar el precio máximo de venta al público, en principio, se fijó el precio a nivel de productor o importador (estructura de costo o importación); luego el precio a nivel de mayorista y minorista (utilidad promedio del sector comercial por rubro, dividido en partes iguales).
Toda la información fue recabada a través del Sistema Automatizado de Administración de Precios; mediante auditorías realizadas en las empresas y por funcionarios de la Sundecop; el Banco Central de Venezuela; el Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria; la Comisión de Administración de Divisas (Cadivi); el Instituto Nacional de Estadística (INE) y la Superintendencia Nacional de Silos; Almacenes y Depósitos Agrícolas.
Compromiso y respeto a la Ley
Para dar cumplimiento a la Ley de Costos y Precios Justos, el sector privado que elabora, importa, distribuye y comercializa los 19 productos en los que se aplicará la primera fase del instrumento, se comprometió a respetar dicha normativa y a garantizar el abastecimiento de los mismos en los anaqueles
En una reciente rueda de prensa, la presidenta de la empresa mayorista Makro, América Alonso, indicó que tanto el gobierno como los empresarios del sector comercio se han puesto de acuerdo en respetar la Ley y favorecer a la población en la distribución de los productos contemplados en la normativa.
“Ratificamos a toda la población que todo el empresariado ha cumplido y está cumpliendo con las disposiciones del gobierno y que, a partir del 1º de abril, todos estaremos con nuestros precios definidos por la Ley en nuestros anaqueles. Lo más importante es que garantizamos el abastecimiento de todos esos productos para la población”, recalcó Alonso.
De igual forma, la presidenta de la Cámara Venezolana de la Industria de Cosméticos y Afines (Caveinca) Maritza Dorta, en recientes declaraciones difundidas por la Sundecop a través de un boletín de prensa, expuso el compromiso que tienen con el país todas las empresas afiliadas a dicha organización y manifestó que mantendrán abastecido el mercado.
“Las empresas de la cámara tienen más de 60 años en el país, estamos dispuestos a acatar las normas y la Ley”, detalló Dorta.
Por su parte, el presidente de Procter & Gamble para la región Andina, Marcio Andreazzi, declaró su compromiso “con el cumplimiento de las normas y el abastecimiento”, además de su deseo de continuar operando en el país.
Asimismo, Nelson Tellera, gerente general de Revlon, manifestó su interés en incorporarse a las normativas para continuar en el mercado venezolano, de acuerdo con la referida nota, disponible en la página web de la Sundecop.
Participación del Poder Popular
Una vez publicada la Ley de Costos y Precios Justos, la organización popular a través de los consejos comunales, se organizaron para leer, discutir y debatir la normativa, con la finalidad de hacer cumplir las normas y participar en la fiscalización, denuncia y difusión de la nueva Ley.
En ese sentido, este martes 29 y miércoles de marzo, más de 150 voceras y voceros, seleccionados por sus comunidades en todo el territorio nacional, participaron en el primer Taller Nacional de Formación para Voceras y Voceros de Consejos Comunales para el conocimiento de la Ley de Costos y Precios Justos, informó la Sundecop.
Carmen de Olivero, vocera y contralora social del Estado Guárico, resaltó que el taller le brindó mayores herramientas, técnicas y legales, para defender y garantizar la aplicación de la nueva normativa. “El poder popular, tanto en Guárico como en el resto del país, frenará a los especuladores que juegan con el sueldo del pueblo-usuario”, aseveró.
Por su parte, Gilberto Becerra, vocero del Consejo Comunal U16, parroquia Caña de Azúcar del estado Aragua, ve con buenas expectativas la aplicación de la Ley. Exhortó a todos los venezolanos a denunciar,”y darle la espalda a los establecimientos y comerciantes que incumplan los nuevos precios establecidos”.
También Juliana Brito, integrante del consejo comunal de la zona indígena San Abril II, del estado Amazonas, enfatizó el derecho del pueblo, aún en las regiones más remotas, de tener acceso a bienes y servicios de calidad y a precios accesibles.
“El sistema capitalista se aprovecha de cualquier oportunidad para incrementar su ganancia y, desgraciadamente, la poca distribución de los artículos en el estado Amazonas encarece el precio de todo”, explicó.
La superintendente Karlín Granadillo, acotó que desde este domingo, no sólo el poder popular organizado estará desplegado en las calles para hacer cumplir las leyes, sino que se sumarán 92 fiscales de la Sundecop, los cuales fueron capacitados en temas relacionados a la fiscalización de comercios, contabilidad, economía internacional, procedimientos para levantar expedientes, entre otros temas.
Además de fiscales del Instituto para la Defensa de las Personas en el Acceso a los Bienes y Servicios y la Guardia Nacional Bolivariana (GNB).
Para formalizar denuncias por irregularidades en los precios establecidos, los usuarios pueden realizarlas a través del número telefónico 0800-RECLAMA 0800(7325262).
Con información de AVN.
