Un grupo de periodistas venezolanos, acogiéndose a lo estipulado en la Constitución Nacional con respecto al derecho de solicitud de información ante funcionarios públicos, entregó este martes 20 de noviembre en la sede del Ministerio del Poder Popular para las Relaciones Interiores y Justicia, en Caracas,una carta en la que piden al titular de la cartera aclare las circunstancias y marco legal por los cuales el 8 de octubre pasado fueron retenidos por funcionarios de la policía política, durante más de hora y media, el periodista argentino Jorge Lanata y demás integrantes del equipo de producción de su programa televisivo, “Periodismo para todos”, cuando estos se disponían a dejar el país tras cubrir las elecciones presidenciales.
En horas de la tarde de ese día, los reporteros Jorge Lanata y Nicolás Wiñazki, el productor general Ricardo Ravanelli, la productora ejecutiva Tamara Florín, los productores María Victoria Bordieu, Gastón Cavanagh y Sebastián Gómez Sánchez y el camarógrafo Carlo Torres, fueron demorados por personas que se identificaron como agentes del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin, policía política anteriormente conocida como Disip), e hicieron saber a Lanata que era sospechoso de actos de espionaje.
Por más de hora y media los funcionarios interrogaron en unas oficinas del sótano del Aeropuerto Internacional de Maiquetía al presentador, así como al reportero Wiñazki, a quienes impidieron acceso a abogados mientras amenazaban con dejarlos detenidos “por años”.
Cuando finalmente fueron liberados, sin mayores explicaciones, los miembros del equipo reporteril pudieron comprobar que les habían sido borrados los contenidos de los celulares, cámaras y computadoras que, entretanto, los funcionaros sometieron a inspección.
Lanata y su equipo estuvieron por unos días en Caracas para cubrir las incidencias de la última fase de la campaña electoral y el día de elecciones presidenciales en Venezuela, que el 7 de octubre enfrentaron al candidato de oposición, Henrique Capriles Radonski, y al presidente en ejercicio que buscaba –y consiguió- su relección, Hugo Chávez Frías. El propio día de los comicios, Lanata transmitió su programa en vivo desde Caracas. Entonces, mostró un documento donde directivos de la policía política supuestamente ordenaban el seguimiento al equipo de la televisión argentina. Ya en Buenos Aires, Lanata presentó otras pruebas acerca de presuntas intercepciones telefónicas a la familia y allegados del candidato Capriles Radonski.
“Periodismo para todos” es el programa que Lanata conduce y que se transmite los domingos en la noche por el Canal 13 de Buenos Aires, una señal del Grupo Clarín, conglomerado de medios que mantiene un contencioso público con la administración de la presidenta argentina, Cristina Fernández de Kirchner –aliada del gobierno venezolano de Hugo Chávez.
Diversas organizaciones no gubernamentales y representantes del gremio periodístico en Venezuela vienen denunciando con regularidad los constantes casos en que autoridades confiscan el material periodístico y retienen a reporteros. Se trata de una medida que no está amparada por normativa alguna y que pasa por medidas aisladas, atribuidas a funcionarios que abusan de su poder.
Sin embargo, el caso de Jorge Lanata y su equipo parece representar una escalada en este tipo de operativos, toda vez que responde a un operativo planificado que afecta a una figura muy destacada del periodismo internacional
En vista de ello y en previsión de que se pretenda establecer un precedente, un grupo de periodistas de medios de la capital venezolana dirigió al ministro del Interior, general Néstor Reverol, una carta (anexa a este boletín) en la que se le solicitan explicaciones sobre el caso y, en particular, sobre la normativa y las potestades que pudieran haberlo respaldado. Si bien la acción policial tuvo lugar durante la gestión del exministro Tarek El Aissami, se pregunta en concreto al general Reverol, como representante del Estado venezolano y responsable del Sebin:
- “¿La orden de retención de estos ciudadanos extranjeros y periodistas, fue aprobada por el Ministro del Poder Popular para las Relaciones Interiores y Justicia en funciones entonces, Tarek El Aisami?
- ¿Basado en qué normativa legal se produjo el operativo? ¿Se dictó algún oficio o acto administrativo en el que se ordenara dicha retención, y cuya copia fotostática nos pudiera facilitar?
- De existir una orden judicial para retener a éstos ciudadanos y su material periodístico, ¿nos puede señalar los datos del Tribunal que la dictó, con la indicación de su fecha y número de expediente?
- De no existir una orden judicial, nos pudiera responder: ¿Qué normativa vigente en el país permite a funcionarios del Sebin o a cualquier cuerpo de seguridad del Estado confiscar o destruir material periodístico?
- ¿Existe algún instructivo por parte del Ministerio a su cargo para efectuar este tipo de procedimientos contra periodistas extranjeros o nacionales en el futuro inmediato? De existir, ¿nos puede indicar los datos de su publicación en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela?”.
La solicitud fue suscrita por un grupo de 45 reputados periodistas venezolanos, incluyendo a la presidente saliente del Colegio Nacional de Periodistas (CNP), Silvia Alegrett; a la Directora Ejecutiva y Presidente del Instituto Prensa y Sociedad de Venezuela (Ipys Venezuela), Marianela Balbi y Ewald Scharfenberg; los profesores universitarios Pablo Antillano y Edmundo Bracho; los laureados reporteros de investigación Tamoa Calzadilla, Lisseth Boon, Laura Weffer, Maye Primera, David González, Joseph Poliszuk y César Batiz; los autores Ibéyise Pacheco, Sandra Lafuente, Carlos Subero y Alfredo Meza; entre otros.
Aunque en Venezuela no hay Ley de Transparencia o de Acceso a la Información –un mandato constitucional con el que la Asamblea Nacional se mantiene en mora- , la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos establece un plazo de 20 días hábiles para que un funcionario responda a una petición de información por parte de un ciudadano.
GLOBOVISION
