El presidente de la Asociación de Propietarios de Inmuebles Urbanos (Apiur), Roberto Orta Martínez, dijo a la audiencia de Aló Ciudadano que la tabla a partir de la cual se establece el valor de reposición de las viviendas, que serviría para determinar el canon de arrendamiento y el precio final del inmueble, no corresponde con la realidad porque no considera, por ejemplo, el costo del terreno, el cual queda en cero.
Denunció que el Gobierno, en ese sentido, tiene dos caras, porque cuando se trata de cobrar tributos relacionados con inmuebles revisa todos los detalles, aumentando así los impuestos.
Detalló que, a raíz de la promulgación en Gaceta Oficial número 40.054 de esta tabla de cálculo, se necesita que la Superintendencia Nacional de Arrendamiento envíe inspectores a evaluar el costo de 750 mil inmuebles en todo el país. "¿Ya tienen los fiscales para regular?, yo estoy seguro que no", sentenció Orta Martínez.
Agregó que la Superintendencia hizo un llamado a que personas se acerquen voluntariamente a su sede para recibir instrucción como inspectores de inmuebles, trabajo que realizarían ad honorem. Al respecto, aclaró que la Ley de Arrendamiento señala que los evaluadores de inmuebles tienen que ser funcionarios de la Superintendencia, por lo que este llamado que hizo el organismo al público general está al margen de la ley.
El presidente de Apiur afirmó que todo esto ha generado un escenario crítico, que se empezó a vislumbrar desde la aprobación de la Ley de Arrendamiento, que paralizó los alquileres y acentuó la caída de los mismos en el mercado.
