Como una flagrante violación a la democracia que es un valor fundamental de los ciudadanos, al derecho a la participación y a la libre elección, calificó el Secretario Adjunto de la Mesa de la Unidad Democrática, Ramón José Medina, la decisión de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia que declaró inadmisibles los recursos de impugnación en contra de los resultados de las elecciones del pasado 14 de abril.
Medina, quien también forma parte del equipo jurídico que asiste al candidato Henrique Capriles, argumenta que los magistrados, al igual que lo hizo el Consejo Nacional Electoral en su momento, “nos ha negado el acceso y el derecho a debatir en un juicio las pruebas que demuestran cómo se obviaron las normas internacionales para unas elecciones justas y limpias, mediante el uso de la violencia, la intimidación y el ventajismo de parte del oficialismo y las instituciones del Estado”. Además, al jurista le parece insólito que en la decisión se diga que no había argumentos precisos, cuando “en 49 de las 59 páginas de la sentencia se presentan alegatos en contra de nuestra demanda”, agrega.
También, Medina señala que la Sala Constitucional, al decir que las elecciones fueron limpias y sus resultados justos, decidió sobre el fondo del asunto, a pesar de no haber admitido la demanda: “Hay una necesidad de Nicolás Maduro de ser legitimado por cualquier institución, por ello van más allá de lo que deberían haber conocido en el juicio”.
Respecto a la multa de Bs. 10.700 y reemisión del caso al Ministerio Público que ordenara el máximo tribunal en contra del líder de la Unidad, Ramón José Medina asegura que también es un atentado a sus garantías constitucionales y humanas.
“Es una violación de la libertad de pensamiento y de expresión, no puede haber consecuencias jurídicas por unas opiniones”, agrega, al tiempo que enfila sus baterías hacia instancias internacionales: “Ya agotadas las vías internas, acudiremos a las Naciones Unidas, la Organización de Estados Americanos, la Unión Europea, el Parlamento Latinoamericano y a todos los organismos que tienen convenios firmados con Venezuela, cuyo deber es hacer cumplir con los derechos fundamentales de los ciudadanos”, concluye.
