La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) inició este lunes la audiencia pública contra el Estado peruano por la presunta ejecución extrajudicial de tres miembros del movimiento MRTA durante un operativo de rescate de rehenes en la residencia del embajador de Japón en Lima, en 1997.
El caso se remonta a diciembre de 1996, cuando 14 miembros del Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA) secuestraron a 72 personas en la residencia del embajador de Japón en Lima, Morihisa Aoki, a quienes mantuvieron cautivos durante 126 días.
La operación militar, denominada "Chavín Huántar" permitió el rescate de 71 de los 72 rehenes con vida, mientras que fallecieron todos los miembros del MRTA.
En la audiencia de este lunes ante la CorteIDH los jueces escucharon el testimonio de Hugo Sivina, extitular del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), propuesto por el Estado de Perú, quien narró su experiencia como rehén en esos hechos.
Sivina describió cómo fueron los cuatro meses que estuvo cautivo y aseguró que el trato siempre fue "grosero", con "momentos de tensión", y que los captores tenían las armas "listas" para ser utilizadas.
La demanda contra el Estado peruano indica que tres de los captores, Eduardo Nicolás Cruz, Herma Luz Meléndez y Víctor Salomón, al momento de su muerte estaban en custodia de agentes estatales.
Según la demanda de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Cruz, Meléndez y Salomón fueron ejecutados extrajudicialmente tras la acción militar.
La CIDH también acusa al Estado peruano de no llevar a cabo una investigación diligente y efectiva de los hechos, ni identificar y juzgar a los presuntos autores materiales e intelectuales.
Durante el juicio, que se extenderá hasta mañana, los jueces escucharán las versiones de testigos y peritos, así como los alegatos finales de la defensa de las presuntas víctimas y el Estado.
El ministro de Justicia y Derechos Humanos de Perú, Daniel Figallo, encabeza la delegación del Estado peruano y estuvo en la audiencia pública de la CorteIDH, aunque no participó en ella ni ofreció declaraciones a los periodista en el lugar.
La operación militar, denominada "Chavín Huántar" permitió el rescate de 71 de los 72 rehenes con vida, mientras que fallecieron todos los miembros del MRTA.
En la audiencia de este lunes ante la CorteIDH los jueces escucharon el testimonio de Hugo Sivina, extitular del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), propuesto por el Estado de Perú, quien narró su experiencia como rehén en esos hechos.
Sivina describió cómo fueron los cuatro meses que estuvo cautivo y aseguró que el trato siempre fue "grosero", con "momentos de tensión", y que los captores tenían las armas "listas" para ser utilizadas.
La demanda contra el Estado peruano indica que tres de los captores, Eduardo Nicolás Cruz, Herma Luz Meléndez y Víctor Salomón, al momento de su muerte estaban en custodia de agentes estatales.
Según la demanda de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Cruz, Meléndez y Salomón fueron ejecutados extrajudicialmente tras la acción militar.
La CIDH también acusa al Estado peruano de no llevar a cabo una investigación diligente y efectiva de los hechos, ni identificar y juzgar a los presuntos autores materiales e intelectuales.
Durante el juicio, que se extenderá hasta mañana, los jueces escucharán las versiones de testigos y peritos, así como los alegatos finales de la defensa de las presuntas víctimas y el Estado.
El ministro de Justicia y Derechos Humanos de Perú, Daniel Figallo, encabeza la delegación del Estado peruano y estuvo en la audiencia pública de la CorteIDH, aunque no participó en ella ni ofreció declaraciones a los periodista en el lugar.
EFE