La Misión de Observación Electoral de la Organización de los Estados Americanos (MOE/OEA) desea destacar la normalidad y tranquilidad con la que transcurrió la jornada electoral de ayer domingo en Costa Rica, lo que demuestra la fortaleza de la tradición cívica y democrática de ese país. El proceso de elecciones generales se caracterizó por un alto nivel de credibilidad en el Tribunal Supremo de Elecciones. La Misión felicita al pueblo costarricense por su participación y compromiso con la democracia.
La Misión estuvo encabezada por la ex candidata presidencial mexicana Josefina Vázquez Mota, por designación del Secretario General de la OEA, José Miguel Insulza, y estuvo compuesta por 22 observadores internacionales y especialistas electorales provenientes de diez Estados Miembros de la organización. La Misión se reunió con autoridades electorales y de gobierno, líderes políticos, medios de comunicación, representantes de la sociedad civil y otros actores del proceso electoral con el fin de documentar los preparativos y avances en la campaña electoral. El domingo 2 de febrero los integrantes de la Misión recorrieron centros de votación en cuatro provincias del país para observar la votación.
Además de acompañar el proceso el día de la votación, la Misión realizó sus labores de observación enfatizando la implementación de tres metodologías que permitieron observar la equidad de los medios de comunicación en la cobertura de las campañas electorales, del acceso al financiamiento político-electoral, y de la participación de hombres y mujeres en todo el proceso electoral.
Observaciones de la Misión de Observación Electoral en Costa Rica
La Misión llevó a cabo un análisis riguroso de la legislación costarricense en los tres temas mencionados, y se reunió con actores institucionales clave con el fin de recaudar información relevante para elaborar recomendaciones sobre estos temas. A continuación se presentan los principales hallazgos de la Misión sobre la base de la observación de estos tres aspectos:
• Financiamiento público de las campañas electorales
La Misión constató que los partidos políticos tienen derecho a recibir una contribución estatal para sufragar los gastos de campaña en los procesos electorales. Esta contribución se distribuye en función de la fuerza electoral (votos obtenidos en la anterior elección) y equivale a un porcentaje del Producto Interno Bruto (PIB). La contribución estatal se entrega con posterioridad a las elecciones, pero los partidos pueden solicitar un anticipo de hasta un 15% del total si presentan garantías líquidas por la misma cantidad que van a percibir.
En la actual contienda, la figura del fideicomiso fue utilizada como medio de garantía para el anticipo, así como una forma de acceso a recursos mediante la cesión del derecho de contribución estatal restante y el endeudamiento financiero. Los fideicomisos se basaron, en gran medida, en las encuestas electorales para calcular los recursos que fueron entregados a los partidos. La situación provocó que las encuestas se convirtieran en un elemento determinante en el acceso al financiamiento para la campaña.
En el tema de financiamiento público directo, la Misión tomó nota que el requerimiento de garantías líquidas, el insuficiente porcentaje adelantado a los partidos y el papel determinante de las encuestas para acceder al resto de la contribución estatal, provocaron condiciones de inequidad en el acceso a recursos financieros para las campañas electorales.
• Uso de encuestas electorales para financiamiento público
En el esquema de financiamiento actual, la Misión observó que las encuestas son la base para la determinación de los flujos de financiamiento que otorgan las instituciones financieras por la vía de los fideicomisos. La Misión recibió diversas preocupaciones sobre este esquema, y considera importante revisar las reglas para la utilización de encuestas. En particular, revisar los mecanismos para transparentar la metodología de las empresas encuestadoras con la figura de un ente regulador, que pudiese ser el Tribunal Supremo de Elecciones bajo las siguientes premisas:
1. Explicitar los criterios generales de carácter científico consistentes con las normas y prácticas internacionales comúnmente aceptadas en la comunidad científica y profesional especializada en la realización de encuestas de opinión, respetando el pluralismo metodológico que es propio de toda práctica.
2. Posibilidad de constatación pública de los datos y resultados reportados en los estudios de carácter científico.
3. Divulgación detallada de las características metodológicas de las encuestas y sondeos sobre asuntos electorales, condición indispensable para que estos estudios efectivamente contribuyan al desarrollo democrático, a través de la creación de una opinión pública mejor informada.
• Financiamiento y acceso a pautas publicitarias para las campañas
En el marco legal vigente no existe el financiamiento público indirecto en los medios de comunicación. En general, la regulación que garantiza el acceso equitativo de todos los partidos a los medios para la campaña es insuficiente. En la práctica, las normas vigentes propician que el acceso de los partidos a pautas publicitarias para promover sus propuestas sea proporcional a su capacidad de pago.
De acuerdo con la observación de acceso a medios realizada por la Misión, cuatro partidos que participaron en las elecciones presidenciales concentraron el 80% de la pauta publicitaria pagada, mientras que el 20% restante se distribuyó entre los nueve contendientes restantes. La información recolectada permite afirmar que el acceso a las pautas publicitarias en los medios de comunicación entre los partidos con candidatos a la Presidencia es inequitativo.
• Transparencia en el sistema de financiamiento electoral
El marco normativo establece y garantiza la rendición de cuentas, el control gubernamental y el acceso a la información del flujo de recursos que se utilizan en las campañas. La Misión observó que el ejercicio de las facultades de fiscalización de los recursos de las campañas, llevada a cabo por el Tribunal Supremo de Elecciones a través del Departamento de Financiamiento de Partidos, ha significado un avance importante en el cumplimiento de las normas y el fortalecimiento del control gubernamental. Los estados financieros de los partidos, los reportes de contribuciones privadas y los informes mensuales de gasto electoral, entre otros documentos y datos relevantes, son de entera disposición pública.
La Misión observó que el sistema de financiamiento electoral contribuye a la transparencia, lo que promueve condiciones favorables para la auditoría social y el ejercicio del voto informado por parte de la ciudadanía.
• Cobertura informativa de los partidos en los medios de comunicación
De acuerdo con la observación de acceso a medios de comunicación realizada por la Misión de Observación Electoral, cinco partidos que participaron en las elecciones presidenciales concentraron el 88% de la cobertura informativa, mientras que el 12% se distribuyó entre los ocho contendientes restantes. La misma situación se observó en algunos de los debates presidenciales, donde participaron el mismo número de candidatos. Los hechos descritos podrían dificultar la difusión entre la ciudadanía de las propuestas y planes de gobierno de los partidos más pequeños.
A pesar de la concentración en cobertura, la Misión observó que el tono de la información referente a los cinco candidatos mencionados fue, en promedio, neutral en un 66 % de los casos, negativa en un 11% y positiva en un 22%. Los datos reflejan una tendencia al tratamiento objetivo de la campaña entre los contendientes con mayor cobertura por parte de los medios de comunicación.
• Equidad de género en la contienda electoral
Con respecto a las condiciones de equidad en la participación de hombres y mujeres en la contienda electoral, la Misión felicita al Estado costarricense y a sus instituciones por el avance que significó implementar por primera vez en esta elección los principios de paridad y alternancia de género para las candidaturas plurinominales y para los Comités Ejecutivos de los partidos políticos.
A pesar de estos importantes avances, se observó que aún existen desafíos para que las mujeres accedan a los cargos públicos en condiciones de equidad. Para esta elección ninguno de los 13 partidos políticos a la Presidencia tuvo a una mujer como candidata. Además, a nivel de las candidaturas a la Asamblea Legislativa, los partidos políticos ubicaron a los candidatos hombres predominantemente encabezando las listas. Según los datos obtenidos por la Misión, el 77% de las listas a la Asamblea Legislativa estuvo encabezada por candidatos masculinos. Además, las candidaturas de mujeres encabezando las listas correspondieron a las provincias donde menos escaños se reparten, lo cual disminuye significativamente sus posibilidades de ser electas para la Asamblea Legislativa.
Aunado al bajo índice de mujeres encabezando las listas, las candidatas recibieron menor cobertura por parte de los medios de comunicación. Según los datos obtenidos por la Misión a través de la observación de medios de comunicación, las mujeres candidatas a la Asamblea Legislativa recibieron el 22% de la cobertura y pautaje por parte de los medios de comunicación contemplados en la muestra, mientras que el 78% fue dedicado a candidaturas masculinas.
Las reformas al Código Electoral de 2009 incluyeron disposiciones legales sobre la utilización de un porcentaje del aporte estatal para la capacitación paritaria. Según un informe del Tribunal Supremo de Elecciones obtenido por la Misión, cinco de los 13 partidos políticos a la Presidencia (Frente Amplio, Partido Unidad Social Cristiana, Partido de Acción Ciudadana, Movimiento Libertario y Partido Liberación Nacional) sólo utilizaron un 7,25% del total de fondos que tenían disponibles para este fin. En este sentido, la Misión recomienda que el Tribunal Supremo de Elecciones desarrolle mecanismos para garantizar que los fondos destinados para la capacitación paritaria se utilicen efectivamente.
Recomendaciones de la Misión de Observación Electoral de la OEA
El sistema electoral costarricense ha venido añadiendo elementos que contribuyen a fortalecer la limpieza y competitividad de sus elecciones. A la luz de las observaciones presentadas, y en aras de continuar aportando a su perfeccionamiento, la Misión respetuosamente presenta las siguientes recomendaciones:
1) En relación al financiamiento público directo, la Misión recomienda analizar la posibilidad de incrementar el porcentaje que los partidos pueden solicitar como anticipo y establecer reglas que no exijan garantías líquidas para su acceso, pero que a la vez preserven la rendición de cuentas y el control gubernamental sobre esos recursos. Asimismo, se considera recomendable fortalecer las normas que regulan las encuestas, con el objeto de garantizar criterios metodológicos de calidad mínimos y transparencia completa y detallada de sus características técnicas.
2) En cuanto al financiamiento y acceso a pautas publicitarias en las campañas, la Misión recomienda analizar la posibilidad de incorporar en la legislación una franja electoral en los medios de comunicación subsidiada con fondos estatales para que los partidos realicen su publicidad durante la campaña, y así garantizar un piso mínimo de acceso para que todos los partidos en contienda puedan tener oportunidad de presentar sus propuestas. La franja electoral debería ser de acceso gratuito para los partidos y sus mecanismos de distribución podrían considerar proporcionalmente la fuerza electoral (votos obtenidos en la anterior elección) y la participación (inscripción de candidatos en la contienda).
3) Para garantizar de manera más efectiva que haya paridad en la oferta, la Misión recomienda que, además de la paridad y alternancia vertical, se utilicen mecanismos de alternancia horizontal, de forma tal que de las siete listas presentadas por cada partido para las diputaciones, al menos tres deban ser encabezadas por una mujer.
4) Para hacer más efectivo el uso de los recursos disponibles para capacitación de mujeres en los partidos, la Misión recomienda que el Tribunal Supremo de Elecciones desarrolle mecanismos de trabajo más integrales con los partidos políticos para que estos realicen programas de capacitación que ayuden al desarrollo e incentivo de liderazgos de las mujeres dentro de sus filas. La labor que desarrolla el Instituto de Formación y Estudios de la Democracia (IFED) podría, además de la capacitación directa, brindar asesoría técnica a los partidos para que estos introduzcan en sus procesos internos los principios de paridad y para que hagan un uso efectivo de los recursos públicos de los que disponen para este fin.
5) En relación a la participación de mujeres en campañas, la Misión recomienda que, de aprobarse la franja electoral, se destine un porcentaje específicamente a mujeres candidatas como una medida que contribuiría a garantizar mejores condiciones de equidad para las mujeres candidatas.
6) En aras de fortalecer el sistema de partidos, la Misión incentiva a estas instituciones a que mantengan sus actividades en los períodos que median entre una elección y otra y a que utilicen los recursos públicos disponibles por ley para la capacitación de sus militantes. Los partidos políticos tienen un rol esencial en la representación de la ciudadanía, que se cumple a través de la articulación y agregación de los intereses y preferencias de las y los ciudadanos, en la labor legislativa, en la formación de gobiernos y en el reclutamiento de nuevos liderazgos representativos. Para contribuir de manera efectiva al buen funcionamiento del sistema democrático, es prioritario que los partidos políticos realicen estas actividades de manera permanente y continua, no sólo en períodos electorales.
Estas recomendaciones podrían promoverse en el marco de un debate público que abone a la creación de un acuerdo nacional orientado a crear reformas político-institucionales que respondan a la nueva realidad política con la actual reconfiguración de las opciones políticas. La MOE felicita a Costa Rica por las iniciativas desarrolladas en los últimos años para analizar aspectos críticos en materia de gobernabilidad democrática, y recomienda continuar con estos esfuerzos y dotarlos de un mandato claro, con el objeto de crear las reformas necesarias en el sistema político y jurídico del país.
Finalmente, la Misión agradece la apertura de todos los actores políticos hacia la Misión, y en especial al Tribunal Supremo de Elecciones por su trabajo y colaboración. Asimismo agradece a los Gobiernos de Bolivia, Chile, Estados Unidos, Francia, Israel y Luxemburgo por sus aportes financieros para la realización de estos trabajos.
La Misión reitera su compromiso de regresar al país para la conclusión de este proceso electoral el próximo 6 de abril de 2014.
OEA
