Un Tribunal de Mayor Riesgo de Guatemala impuso, la tarde de este viernes, penas que oscilan entre 106 y 114 años de prisión a nueve integrantes de la banda de narcotraficantes Los Zetas, que el 14 de mayo de 2011 asesinaron, con lujo de crueldad, a 27 jornaleros de la finca Los Cocos, en el municipio de La Libertad, Petén, al norte de Guatemala. La sentencia también impone el pago de una multa de 75.000 quetzales, unos 9.500 dólares, a cada uno de los sentenciados.
Durante el juicio, la Fiscalía presentó fotografías de la matanza, que mostraban los cuerpos desmembrados de los jornaleros, todos decapitados. En el resumen de la sentencia la juez presidente del Tribunal, Jannette Valdez, afirma que los acusados dieron muestra de un “máximo de crueldad, con mentes que demuestran un grado máximo de deshumanización”.
Entre los condenados hay tres ciudadanos mexicanos quienes, de acuerdo a la sentencia, deberán ser expulsados de Guatemala “nada más cumplir su condena”.
A lo largo del proceso se conoció que un hombre que tras trabajar para los Zetas se convirtió en “colaborador eficaz” de la Fiscalía, denunció ante la policía guatemalteca de la inminencia del ataque, pero que esta hizo caso omiso de la denuncia. Otro testimonio permitió conocer que, en esas fechas, las personas que “fichaban” para la organización narcotraficante “eran entrenados en campamentos mexicanos durante seis meses”.
“Al principio”, añadió, “Los Zetas sólo contrataban a militares guatemaltecos, especialmente a kaibiles (tropas de élite), pero después incorporaron también a civiles y a mareros (pandilleros juveniles)".
Según se determinó, los campesinos sacrificados eran jornaleros que el 14 de mayo se congregaron frente a la casa patronal, a la espera de cobrar su salario semanal. Mientras esperaban, el grupo de verdugos llegó en busca del patrón, Otto Salguero, un narcotraficante que se había apropiado de un cargamento de Los Zetas, osadía que se paga con la muerte. Al no encontrarlo, se cebaron con los inocentes campesinos.
La matanza fue particularmente sanguinaria. Los campesinos, tras ser torturados y muertos, fueron desmembrados y con su sangre pintaron mensajes en las paredes de la casa, utilizando las extremidades de las víctimas como pinceles. De Salguero y su paradero no se sabe nada desde esa fecha.
La sentencia todavía no definitiva y, de oficio, los abogados de la Defensa Pública Penal, apelarán el fallo. Inicialmente y dados los agravantes del ataque, la Fiscalía había solicitado penas de hasta 1.400 años para cada uno de los implicados. De acuerdo a las leyes de Guatemala, la pena máxima efectiva que puede cumplir un condenado es de 50 años.
EL PAIS
