La dirigencia estudiantil universitaria rechazó, una vez más, “la criminalización de las protestas en el país”, pues aseguran que en 120 de manifestaciones 3.156 jóvenes han sido detenidos.
Luis Carlos Matos, consejero universitario de la UCV, enfatizó que “se han violado los Derechos Humanos de los venezolanos” y recordó que las protestas están “apegadas a la Constitución; es un derecho que el Gobierno nacional debe permitir”, sostuvo.
En relación a la citación enviada a la estudiante Gaby Arellano, Matos expresó que a su juicio, “la Fiscalía General de la República no es un órgano imparcial”.
Por su parte, Daniel Martínez, presidente del Centro de Estudiantes de la Universidad Simón Bolívar, manifestó que el cierre de “ventanas informativas por presión del Gobierno nacional, no será un obstáculo para los jóvenes”.
Añadió que “abrirán nuevos espacios para difundir la situación del país”.
